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Los siete detenidos son procesados por presunto cohechoCortesía

Tres exfuncionarios de Petroecuador reciben prisión preventiva

Fiscalía investiga una presunta trama de sobornos en Petroecuador, que estaría encabezada por Nilsen Arias

La jueza Geovanna Palacios dispuso este miércoles 2 de noviembre de 2022 prisión preventiva para tres exfuncionarios de Petroecuador, acusados de presunto cohecho en la preventa de petróleo. Ellos son Miguel Palacios Pérez, antiguo jefe comercial de Productos Derivado de Petróleo, Galo Garzón Játiva, exjefe de Administración de Contratos de Comercio Internacional, y Lenin Esteban Armijos Játiva, antiguo asesor legal de la Gerencia General de Petroecuador.

Para William Vásconez Rubio, exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, y para Andrés Racines, exgerente de Comercio Nacional hasta 2016 y jefe de Soporte Técnico del Negocio hasta 2021; y para Wilson Nicolas Naranjo Borja y Jorge Luis Ponce Avellán se les dispuso prohibición de salida del país, presentación periódica y uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

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También tienen la prohibición de enajenar los bienes inmuebles y vehículos que los procesados tengan en el territorio nacional.

Fiscalía investiga una presunta trama de sobornos en Petroecuador, que estaría encabezada por Nilsen Arias, investigado en Estados Unidos por presunto lavado de activos, "quien en su calidad de gerente de Comercio Internacional de la empresa estatal, se habría asociado con varias personas –entre ellas los ahora procesados– para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a varias empresas con la adjudicación de contratos". Según expuso la Fiscal del caso durante la audiencia, el monto del cohecho habría alcanzado los 22 millones de dólares.

Los procesados fueron detenidos en un operativo en que se ejecutaron varios allanamientos de forma simultánea en las instalaciones de Petroecuador, Ministerio de Finanzas, empresas privadas y en los domicilios de varios de los investigados en Quito, San Antonio de Pichincha, Samborondón, Manta e Ibarra, donde se levantaron indicios como dispositivos de almacenamiento, equipos electrónicos y documentación sobre los hechos investigados.

Entre los elementos de convicción presentados se encuentran los partes policiales de detención de los procesados, el informe investigativo, las versiones, informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Superintendencia de Compañías, movimientos migratorios, entre otros.

Además, los informes de seguimientos y vigilancias, y la pericia de traducción de la información proporcionada por la justicia de Estados Unidos, a través de Asistencia Penal Internacional.