Los cuestionamientos a los funcionarios del gobierno se ubican en fila

Con la “nueva normalidad” deberán llegar algunas explicaciones. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se alista para afrontar un juicio político en la Asamblea Nacional por un supuesto incumplimiento de funciones por su gestión para hacer frente a la crisis que va dejando el coronavirus.

La Comisión de Educación del Legislativo anunció que iniciará de inmediato el trámite con el que espera llegar a la censura y destitución del funcionario. La gota que derramó el vaso para los asambleístas fue el polémico recorte al presupuesto de las Universidades Públicas y Escuelas Politécnicas del país.

Martínez debía comparecer de forma virtual, el miércoles pasado, ante esta Comisión de Educación para que dé los detalles y justifique el ajuste de cerca de $ 100 millones que, según los asambleístas, violaría la Constitución, pero no se presentó lo que avivó aún más los ánimos.

Pero al ministro de Finanzas no es al único funcionario al que la pandemia le deja procesos abiertos, algunos de los cuales podrían llegar incluso al ámbito penal. En la lista está la exministra de Salud, Catalina Andramuño, que renunció a la cartera de Estado el 21 de marzo, denunciando una falta de apoyo de varias entidades estatales y la imposición de funcionarios poco preparados para hacer frente a la expansión del COVID-19.

En la Asamblea se la acusa de “evidentes irregularidades” registradas durante su gestión como ministra de Salud, así como un deficiente manejo de la crisis sanitaria que afronta el Ecuador. Desde su salida, Andramuño no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha acudido por vía telemática a los llamados de la Asamblea.

A mediados de abril, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, adelantándose a los hechos que se veían venir, incluso en su contra, señaló que este no es un buen momento para pensar en juicios políticos.

“En un momento en donde el Ecuador y el mundo enfrentan una crisis, que no solo es sanitaria, sino también es una gravísima crisis económica y social, sí resulta realmente sorprendente, que muchos sectores en la Asamblea en lugar de discutir la ley y las medidas sobre cómo salir de esta crisis económica y apoyar la economía a todo nivel, lo que hagan es anunciar juicios políticos”, dijo entonces Romo.

La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en la compra de insumos médicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y aunque en su informe libró de responsabilidades al expresidente del Consejo Directivo, Paúl Granda, en la Asamblea y desde varios sectores sociales se buscan los mecanismos para que rinda cuentas política y legalmente.

Alcaldes y prefectos, también en la mira

No solo funcionarios del Gobierno central están en la mira por sus actuaciones durante la emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus.

Algunas autoridades locales también enfrentan procesos. Por ejemplo, el alcalde de Baños, Luis Silva, es investigado por la Fiscalía General del Estado por desconocer una disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

Silva, junto a algunos moradores de ese cantón, impidió el ingreso de un grupo de policías que iban a la Escuela de Formación ubicada en esa localidad. El argumento era que estuvieron en contacto con personas contagiadas por COVID-19.

La Fiscalía también investiga a la Prefectura de Chimborazo por contratos de comunicación en plena emergencia. Hasta el momento son indagadas una docena de personas, incluyendo el prefecto.

Los protagonistas

Richard Martínez

Ministro de Economía y Finanzas

A Martínez también se le cuestiona haber ordenado el pago de $ 326 millones de deuda en plena crisis por el coronavirus. El funcionario defiende esa decisión para evitar el cierre de otras fuentes de financiamiento.

Catalina Andramuño

Exministra de Salud

A mediados de marzo, Andramuño aseguraba a los asambleístas que el Gobierno se encontraba trabajando en la adquisición de dos millones de pruebas para COVID-19, que no terminaron de llegar.

Paúl Granda

Expresidente de Consejo Directivo del IESS

La Asamblea Nacional extendió una consulta a la Corte Constitucional para que interprete un artículo de la Constitución con el que podría enjuiciar políticamente a exfuncionarios como Paúl Granda.

María Paula Romo

Ministra del Gobierno

Al ser una de las funcionarias más expuestas, Romo ha tenido varias alertas de juicio político. Antes de la emergencia en el Legislativo ya se tramitaba un proceso de fiscalización en su contra.