Cupos universitarios obtenidos con engaño

Un aspirante a ingresar a una universidad pública se registró como procedente de un colegio fiscal cuando en realidad venía de uno privado y de los más caros; otro afirmó tener una discapacidad física y cuando le tocó asistir presencialmente se evidenció que no era así... Pero con ese engaño o falsedad consiguieron un cupo, desplazando a otros jóvenes con más méritos académicos que actuaron de manera honesta.

La corrupción y la deshonestidad presentes en las diversas esferas y actividades públicas distorsionan y se aprovechan incluso de iniciativas bien intencionadas como las políticas de afirmación positiva, que buscan favorecer a grupos tradicionalmente excluidos del sistema universitario por motivos como situación económica, etnias minoritarias, discapacidad, ubicación geográfica, poco acceso a tecnología, entre otros factores.

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La normativa vigente para el acceso a la educación superior pública establece la asignación directa de puntos adicionales a los obtenidos en el examen y la nota colegial de grado para los aspirantes que presenten alguna de las citadas condiciones.

Para el efecto, previo al inicio de los procesos de admisión que ahora debe realizar por su cuenta cada universidad o escuela politécnica pública, todos los bachilleres y demás interesados deben realizar el Registro Único Nacional, que exige como requisito la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Es un formulario que deben llenar los interesados sobre diversos datos personales como los arriba señalados. “Este paso permite a las IES contar con información consolidada de cada aspirante e implementar correctamente las políticas de acción afirmativa”, indicó la Senescyt cuando se implementó este mecanismo, en enero de 2023.

Los puntos adicionales asignados por afirmación positiva no son suficientes de por sí para obtener un cupo. Sin embargo, en carreras con un alto número de postulantes o con muchos puntajes similares obtenidos en las pruebas de ingreso, esos puntos hacen la diferencia.

De allí que hayan empezado a suscitarse este tipo de casos como los dos ejemplos ocurridos en una universidad de Guayas, como conoció EXPRESO. Y así también en otras provincias, como denuncia Erik Barba, reconocido por los organismos rectores de la educación superior como el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).

Este Diario consultó a la Senescyt, que en su respuesta aseguró que, tras recibir los datos registrados por los aspirantes, realiza los cruces de información y verificaciones correspondientes con diferentes fuentes primarias (Registro Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Registro Civil, Cancillería, entre otras). “Poseemos insumos para validar la información reportada por los postulantes”, aseveró.

La respuesta, sin embargo, no niega que los casos se estén presentando. Barba tiene una posible explicación: son casi 400.000 aspirantes que llenan el Registro Nacional por año (son dos semestres), por lo que hacer la verificación de datos de todos ellos es complejo. Y hay personas o grupos que se dedican a buscar los resquicios del proceso o de la normativa para “ayudar” a los interesados que pueden pagarles, a obtener un cupo, aunque sea falseando sus datos.

“Hay gente que vende esto como servicio. Te dicen ‘te ayudo a que pongas tus datos como si fueras pobrecito’. Son prácticas de deshonestidad”, enfatiza.

¿Cuántas plazas se pueden conseguir así? Barba no tiene la cifra exacta, pero sí una referencia: Según la norma, el 10 % de los cupos se asigna con estas políticas. “Si las universidades ofrecen 150.000 plazas, 15.000 personas acceden a un cupo con este orden de prioridad por su condición de pobreza”, indica.

¿Cuál puede ser la solución a estos casos? Para directivos universitarios relacionados con los procesos de admisión, lo primero es garantizar una real verificación de los datos aportados por todos los aspirantes. O sea, reforzar y garantizar el control.

Otra opción es pasar a las universidades esa parte del proceso que aún maneja la Senescyt pese al discurso de autoridades del Gobierno anterior y del actual de que ya todo está en manos de las instituciones.

La tercera es más radical: “Pedimos que se reforme el reglamento, que se quite ese grupo de prioridad y se planteen otros parámetros. O en su defecto, conocer qué seguimiento les dan a los grupos de vulnerabilidad”, afirma Barba, que envió un oficio a la Senescyt con ese pedido y la denuncia de estos casos de deshonestidad.

Un cupo asignado no puede ser anulado

Los cupos para estudiar una carrera en una universidad o escuela politécnica no pueden ser anulados ni modificados. Así lo indica la Senescyt, ante una consulta de este Diario sobre los casos en que un aspirante recibe una plaza en más de una institución debido a sus distintos procesos y calendarios.

“Acorde con la normativa vigente, el cupo aceptado en una determinada carrera no podrá ser modificado ni anulado, por ello, es importante tomar una decisión informada y responsable”, expresa.

Existe la posibilidad de que una persona curse dos carreras si su horario se lo permite. Pero la Senescyt aclara que el Estado solo le cubrirá una.

“La Senescyt, por competencia, debe realizar el monitoreo de los procesos de acceso que realizan las universidades, de detectarse esta situación, se notificará a las instituciones para que se tomen las medidas relacionadas con la gratuidad”, indica.

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