¿Daniel Noboa está facilitando el regreso de Rafael Correa a Ecuador?

El sábado 29 de junio de 2024 por la tarde se escenificó uno de los episodios más vergonzosos de la ya larguísima lista de episodios vergonzosos de la política ecuatoriana: la aprobación de un informe en la Comisión de Fiscalización, presidida por la rabiosa correísta Pamela Aguirre, que recomienda el archivo del juicio político en la Asamblea en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno. 

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Cuando estaban en el Consejo de la Judicatura como vocales, Terán y Barreno, junto a Xavier Muñoz, estuvieron al mando de una operación corrupta para amañar la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de sus compromisos con proyectos de inmunidad, sobre todo de los que interesan al correísmo. 

Un concurso para escoger a jueces que estaba tan groseramente amañado que una veeduría internacional de juristas reconocidos en la región formuló una alerta dramática para que no se lo concrete. Y si no se concretó fue únicamente por el estallido del caso Metástasis, en el que Terán apareció como amangualado con las mafias de la narcopolítica; porque si hubiera sido por la clase política, esos jueces ya estuvieran despachando en la Corte.

La diferencia de este episodio vergonzoso con los otros tantos que la clase política le entrega al país, es que este fue dimensionado por muy poca gente. Aquí es, precisamente, donde lo que hizo el Gobierno en la sesión del sábado por la tarde hace que todo haya sido tan miserable. 

Si bien es cierto que el asambleísta del Gobierno, Ramiro Vela, votó en contra del informe de la infamia, también es cierto que el otro asambleísta gobiernista, Luis Ricardo Alvarado, se presentó, supuestamente, desde el consulado ecuatoriano en Queens, EE. UU., desde donde evidentemente no podía votar: la legislación que regula el trabajo de la Asamblea Nacional exige que los asambleístas estén en territorio ecuatoriano. 

Sin el voto de Alvarado en contra del informe, el voto de Vela no servía para nada: la correlación de fuerzas hace que el correísmo siempre necesite de un voto más para inclinar la balanza en esa comisión donde su presidenta, Pamela Aguirre, tiene voto dirimente.

¿Qué es lo que hace pensar que lo de Alvarado fue una mascarada?

Ahora bien, ¿qué es lo que hace pensar que lo de Alvarado fue una mascarada? Veamos: es curioso que cuando Alvarado se presentó desde Queens (hay información que señala que estaba en Las Vegas, siguiendo la Copa América) y sale con el discurso de que estaba en territorio ecuatoriano habilitado para votar, curiosamente Pamela Aguirre estaba provista de una inmensa cantidad de referencias legales que le permitían decir que Alvarado no podía votar. 

Otra cosa que hace pensar que todo fue un montaje del Gobierno es que resulta muy difícil pensar que Alvarado no haya habilitado a su asambleísta alterna para que lo reemplace para la sesión. Para eso bastaba una comunicación a la presidenta de la comisión y una firma electrónica. ¿Alvarado se dio el trabajo de ir, supuestamente, al consulado de Queens cuando podía hacer ese trámite?

Alvarado, además, estaba muy involucrado en el tema, por lo que es muy improbable que haya dejado el tema de su voto tan descuidado: en su condición de vicepresidente de la comisión, estuvo encargado de la presidencia en las dos sesiones en las que Wilman Terán fue para lanzar lodo en contra de la fiscal Diana Salazar, con unos supuestos chats que evidentemente había pasado por la cirugía del Photoshop. 

En resumen, si el Gobierno realmente hubiera estado interesado en que no se apruebe el informe en el que se recomienda archivar el juicio a Terán y Barreno, jamás habría descuidado el voto de Alvarado. Era absolutamente sabido que, sin ese voto, jamás habría ganado la iniciativa correísta. Por eso, el comunicado que ADN publicó condenando el informe olía tan fuertemente a hipocresía pura y dura.  

¿Por qué el Gobierno y el correísmo podrían estar interesados en que Terán y Barreno se libren del juicio político en la Asamblea?

En el caso de Terán es porque a este personaje, conocido como el Diablo en el bajo mundo de los operadores políticos, el correísmo le quiere pagar por haber lanzado lodo en contra de la fiscal Diana Salazar (la acérrima enemiga del correísmo) y, sobre todo, por haber entregado supuestas pruebas en la comisión que servirían para un posible recurso de revisión del caso Sobornos, por el que Rafael Correa se halla prófugo.  

En el caso del Gobierno, el interés es salvar a Maribel Barreno. ¿Por qué defender a Barreno? Primero porque es muy amiga de Daniel Noboa y, segundo, porque es a través de ella que podría llegar a controlar la Corte Nacional de Justicia. 

Esto porque si Barreno es absuelta en un juicio penal que enfrenta por obstrucción a la justicia y en el juicio político, podría volver a ser miembro del Consejo de la Judicatura, ya que actualmente solo está suspendida. Sobre este operativo con Barreno, el periodista Roberto Aguilar escribió una detallada y lúcida explicación en su artículo ‘Daniel Noboa vende su alma al diablo’. Ahí se entiende el intríngulis jurídico que se cocina alrededor de Barreno.

Lo insólito en toda esta historia es que, por proteger a Barreno para controlar la Corte Nacional de Justicia, el Gobierno está pavimentando el regreso de Rafael Correa para que se presente como candidato a la vicepresidencia en las próximas elecciones, ya que en el recurso de revisión y con jueces a la carta, el prófugo estaría absuelto y podría regresar con todos sus derechos políticos habilitados. ¿Se da cuenta de eso el presidente Daniel Noboa? 

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