Daniel Noboa quiere alzarse con la cabeza de Diego Borja

El candidato correísta a la Vicepresidencia, Diego Borja, está en el ojo de la tormenta. Acusado de mantener un contrato con el Estado a través de un fideicomiso no registrado en la Superintendencia de Compañías (causal suficiente para descalificar su candidatura), el compañero de fórmula de Luisa González está siendo objeto de una campaña de desprestigio en la que intervienen no solo los trolls del oficialismo, que son legión, sino hasta el mismo presidente, o candidato, o lo que fuera Daniel Noboa, dependiendo del día y de la hora en la que habla. “Lleva años viviendo del Estado”, tuiteó Noboa este domingo, y las denuncias que cuestionan la legalidad de la candidatura de Borja se multiplicaron hasta convertirse en tendencia nacional en las redes sociales.

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¿De qué trata todo esto? Hay un contrato entre Petroecuador y la empresa Downhole Tools, para la provisión de taladros de perforación petrolera y servicios de reacondicionamiento de pozos. Hay un fideicomiso (el denominado Fideicomiso de Administración de Flujos de Downhole Tools) que maneja los recursos de ese contrato. 

Hay una compañía llamada Gestión y Construcciones S. A., Gesticon, que hace parte de ese fideicomiso y recibe entre el 50 y el 75 por ciento de las utilidades operacionales del contrato. Y aquí es donde entra Diego Borja, que aparece en el portal público de la Superintendencia de Compañías como el accionista mayoritario de Gesticon, según lo comprobó Diario EXPRESO.

El caso se destapó el 19 de diciembre, cuando Petroecuador anunció su decisión de suspender los pagos a Downhole Tools por haber detectado un conflicto de intereses con el candidato. Borja respondió en una rueda de prensa en la que pareció ponerse en evidencia: “La vamos a denunciar por violación del contrato, por terminación unilateral del contrato”, dijo dirigiéndose a la gerente subrogante de Petroecuador, Ledy Jiménez. 

Días después, la propia Downhole Tools acusó al fideicomiso de falta de transparencia financiera: de los 5,2 millones desembolsados por Petroecuador, dijo la empresa en un comunicado público, “2,5 millones están pendientes de justificar”. Borja respondió por escrito, sugiriendo que la compañía, que “jamás cuestionó mi participación como inversionista”, lo hace ahora con el fin de perjudicarlo en la coyuntura electoral.

“No tengo contratos con el Estado”, desmintió Borja en un comunicado público. “Mi participación en el ámbito empresarial se ha limitado a acuerdos comerciales” con la empresa contratista. Específicamente, admite “haber invertido en equipamiento”, lo cual lo convierte en un financista sin participación en los beneficios del contrato. 

Según esto, Borja prestó dinero para la compra de maquinaria y Downhole Tools conformó un fideicomiso para pagarle. Según la periodista Janeth Hinostroza, que ha publicado segmentos de todos los documentos en los que se registra esta relación comercial, eso no explica que “un simple proveedor de maquinaria termina siendo el mayor beneficiario de un contrato del Estado”. 

Lo dice en alusión al alto porcentaje de utilidades (entre el 50 y el 75 por ciento) que recibe la empresa Gesticon, de la que Borja es principal accionista. “Puede suceder”, escribió Hinostroza, apersonada de la denuncia, “que la creación de fideicomisos no tenga como objetivo la correcta administración de recursos sino la ocultación de los verdaderos beneficiarios de los contratos públicos”.

Es probable que la relación comercial de Gesticon con Downhole Tools esconda algo más, pero hasta el momento nadie lo ha podido demostrar. El hecho de que Daniel Noboa limite su ofensiva al frente de la opinión pública es bastante significativo: con Jan Topic, por ejemplo, a quien acusó de irregularidades en el contrato del cable submarino, la batalla fue directamente al Tribunal Contencioso Electoral, donde el presidente se lo quitó del medio; no debe ser tan firme este caso como para llegar tan lejos. 

Más en el pasado de Diego Borja

La campaña negativa, sin embargo, recrudece. Basta con hurgar en su pasado como ministro de Economía de Rafael Correa, cuando estuvo vinculado con algunos de los negocios más turbios de ese gobierno: desde la conformación del sistema de compensación de exportaciones Sucre, que funcionó como una red de blanqueo de capitales, hasta la adjudicación del primer contrato a dedo a Petrochina, que causó perjuicios al Estado por un equivalente a 4 dólares por barril de petróleo. Borja dice que es persecución política. Se podría decir que es política a secas, y que él está pagando el peaje de todo candidato con un pasado.

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