El presidente Daniel Noboa y Verónica Abad se enfrascan en su pugna

La pugna entre Verónica Abad y Daniel Noboa por la Vicepresidencia de la República está en una especie de limbo. La segunda mandataria espera las respuestas en dos frentes que activó en contra de las disposiciones que emitió el Gobierno para su adversaria.

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Por un lado, aguarda el pronunciamiento de la jueza Nubia Vera, quien el miércoles 12 de febrero de 2025 acudió al Ministerio de Trabajo a revisar si la Cartera de Estado colocó la placa con disculpas públicas, como parte de su fallo para que le restituyan el cargo a Abad. También deberá verificar si se cumplió con la disposición de que se le permita el acceso a su despacho en la Vicepresidencia, según anunció el viernes anterior.

El otro proceso pendiente es conocer si se acogerá la apelación que ella presentó, luego de que un Tribunal de Garantías Penales le negó la acción de protección que solicitó en contra de los decretos de Noboa, donde dispone su traslado al exterior y encarga la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert.

Mientras Abad continúa con las acciones legales, el Ejecutivo ha realizado procesos administrativos para que la funcionaria se traslade a Turquía como lo dispuso Noboa el 23 de diciembre. Le ha transferido más de $ 17.000 para que viaje a ese país y también le extendió los pasajes de avión.

Además, volvió a colocar en la Vicepresidencia a Gellibert, pese al pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) sobre la inconstitucionalidad de delegar el cargo de jefe de Estado vía decreto. 

El último trámite que emprendió el Gobierno es el pedido que hizo ayer la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, para que el Consejo de la Judicatura sancione a la jueza Vera con la suspensión del cargo por la forma de conducir el caso de Abad.

Abad habla de complicaciones para viajar a Turquía

El equipo de colaboradores de Abad dijo a EXPRESO que “debido a la suspensión contra la vicepresidenta de los medios de comunicación oficiales del servicio público como son el Quipux y el correo institucional, además de limitar su acceso a las instalaciones y a acceder administrativamente a los recursos humanos y materiales de la Vicepresidencia, ella no ha podido designar un equipo de trabajo ni establecer responsables en áreas clave que permitan ejecutar adecuadamente la cooperación institucional necesaria para el cumplimiento del decreto” que dispone su traslado a Turquía.

Abad también planteó a Noboa abrir un diálogo, pero él le respondió públicamente el martes con un “no le creo”. 

Eventuales escenarios

Parecería que el régimen activa nuevas acciones para no permitir que Abad asuma su cargo y lo reemplace en la Presidencia, ante el balotaje. Sin embargo, existen algunos mecanismos legales que se podrían generar con esas decisiones.

El constitucionalista André Benavides dice que si la jueza constata que no se acató el fallo se podría incurrir en el incumplimiento de la sentencia y generaría una multa. Incluso “más adelante, con una acción de incumplimiento, podría llegar a un tema de destitución”, según lo establece el artículo 86 de la Carta Magna.

Un criterio similar tiene la experta en Derecho Constitucional, Ximena Ron. “Puede hacer audiencias, visitas in situ, peritajes y ejecutar todas las medidas necesarias y si no se da, por anuencia de cumplimiento por parte del sujeto obligado, debe enviar el proceso a la CC para que inicie la acción de incumplimiento” de la sentencia. No obstante, discrepa con Benavides y cree que en este caso no puede destituirle al presidente porque las únicas causales para remover al mandatario están en la Constitución.

Un mecanismo que podría activarse es que la Corte haga un seguimiento de la sentencia de la inconstitucionalidad de los decretos si se presenta una acción extraordinaria, “pero llegaría en unos seis meses”, estima Ron.

Para la constitucionalista, “el presidente está jugando mucho con el hiperpresidencialismo que le da la Carta Magna, que le permite actuar con mayor rapidez. Pero debiera haber una actuación más ética por parte del mandatario más que una amenaza de sanción jurídica”.

Ambos expertos creen que las autoridades continuarán en la pugna por la insistencia de Noboa en encargar el cargo a Gellibert. Tampoco ven una posible solución con una eventual actuación por parte de la Asamblea Nacional.

Esto porque para declarar la ausencia de la segunda mandataria se requeriría de un pronunciamiento del Legislativo, pero Noboa no contaría con los votos necesarios. Tampoco el Parlamento podría revertir las actuaciones del presidente, así haya declarado que reconoce a Abad como vicepresidenta. “Es solo un saludo a la bandera”, finaliza Benavides.

Argumento. El equipo de Abad señala que las actuaciones de la Vicepresidencia actual podrían generar responsabilidades legales.

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