Los debates de candidatos locales tienen menos de un año para cuajar

Es otra de las reformas al Código de la Democracia que acabarán de cumplirse en 2023. Son 38 los debates que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe organizar entre los aspirantes a alcaldes y prefectos de cara a los comicios seccionales de febrero próximo.

Aunque en las elecciones generales del año pasado ya hubo dos careos entre los candidatos a la Presidencia (uno en primera vuelta y otro antes del balotaje), dentro del organismo electoral consideran que este será un reto aún mayor por diferentes escenarios.

Primero, el debate en esta ocasión debe ser organizado por las delegaciones electorales provinciales en circunscripciones con más de 100 mil electores y no todas estarían en capacidad de hacerlo por sí solas.

El CNE levantó hasta la semana pasada información, con base en una matriz, en las sedes del organismo para determinar las condiciones en las que se encuentran para que puedan desarrollar esta actividad de forma descentralizada. El vicepresidente Enrique Pita le dijo a EXPRESO que, tras un primer análisis, habrá provincias que requerirán el apoyo de la planta central del organismo para llevar a cabo los debates.

Guayas es la provincia que más careos entre candidatos debe celebrar. En total, cinco: uno para prefecto y cuatro para alcaldes de cantones con más de 100 mil electores. Le sigue Manabí de cerca, con cuatro (ver gráfico).

También hasta mañana, cuando se prevé aprobar el presupuesto de las elecciones, debe haber al menos una proyección de los costos que implicará hacer un evento de estos en cada localidad. El año pasado, el CNE desembolsó más de $ 100 mil para los debates presidenciales. Sin embargo, según el vicepresidente del organismo, ese no es un punto de referencia ni por dimensión ni por características. Los montos serían menores.

“Hay que buscar apoyos de medios, de sectores privados que estén interesados en apoyar este gran desafío. Tampoco se han establecido techos, hay presupuestos preliminares de cada provincia, pero al ser una experiencia nueva hay todavía que hacer ajustes”, señaló.

Otro reto es encontrar el mecanismo para que en este ejercicio las ideas no se diluyan entre un mar de candidatos. Según el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, a las seccionales se podrían presentar hasta 300 organizaciones políticas y un récord de 90 mil candidatos para alcaldes, prefectos, concejales y miembros de justas parroquiales.

A Boris Ochoa, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), esta le parece una idea muy válida dentro de las reformas a la Ley Electoral, pero teme que no tenga la difusión suficiente para llegar de forma importante al electorado de cada localidad.

Esto porque, a diferencia de los debates presidenciales, en los cuales los medios de comunicación nacionales debieron conectarse y difundir el evento, la normativa no habla de una obligación de los medios locales para transmitir estos actos.

El CNE confía en que al tratarse de un tema de interés para las ciudades y provincias, contarán con la difusión de los debates; aunque para no correr riesgos, este tema será incluido en la reglamentación que el pleno aprobará en su momento.

Ochoa también es de la idea de que desde el ente electoral se “orienten” los debates de tal forma que se deje a los aspirantes el menor espacio posible para que caigan en propuestas demagógicas y que estas se ajusten, por ejemplo, al presupuesto de las provincias y ciudades.

El presupuesto va sumando ajustes

La cifra está dada, aunque de forma tentativa. El CNE podría solicitar hasta 116 millones de dólares al Ministerio de Finanzas para organizar las elecciones de febrero próximo.

Este es el valor que extraoficialmente conoció EXPRESO que estaría manejando el organismo electoral, aunque hasta el viernes pasado se lo seguía discutiendo y era observado por parte de algunas consejerías que consideran que es posible hacer ajustes a la baja.

Está previsto que el pleno del CNE se reúna mañana para aprobar el monto definitivo y el cronograma de desembolsos que será enviado al Gobierno central, que podría aceptarlo o pedir nuevos ajustes.