Políticos silenciados: La lista de autoridades que no llegaron al año de gestión

José Cortez, presidente de la Junta Parroquial de Alto Tambo, en Esmeraldas, fue asesinado el 19 de mayo de 2023, cuatro días después de haber sido posesionado. Fue la primera autoridad de elección popular víctima de la violencia criminal tras las últimas elecciones seccionales. Después de él, hubo nueve objetivos más.

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Cuatro alcaldes, cuatro concejales y dos presidentes de juntas parroquiales son las bajas en el primer año de gestión de las autoridades locales. Esto sin contar a Julio César Ronquillo, concejal alterno de Samborondón, quien fue secuestrado y encontrado muerto al día siguiente del hecho en marzo pasado.

La mayoría de ellos incursionaba por primera vez en la política, a excepción de Rider Sánchez, Agustín Intriago, Bolívar Vera y José Sánchez, quienes habían sido candidatos en períodos anteriores. Solo Intriago y Vera llegaron a un mandato en el lapso de 2019 a 2023 (revisar infografía).

Esta realidad es estremecedora, especialmente para los alcaldes, quienes como gremio han enviado varios pedidos de protección o resguardo policial al Ministerio del Interior. Según la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), han priorizado a 75 autoridades para recibir custodia y aún siguen esperando.

Muchos de ellos han optado por costearse su propio equipo de protección, ya sea con insumos como chalecos o con guardaespaldas. La preocupación es principalmente porque la mayoría de los municipios son pequeños y sus rutinas, familias y viviendas son conocidas por la población que administran. Carecen de generación de recursos, dotación de implementos y ayuda a la Policía Nacional, como dijo a EXPRESO Patricio Maldonado, presidente de AME.

Sobre este tema, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió por última vez a principios de abril y señaló que “ojalá” la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) dé buenos resultados; y que con ello, no solo se trataría el tema, sino que se potenciarían los recursos y herramientas para que los uniformados puedan brindar un mejor servicio de seguridad.

No obstante, el último miércoles, en una entrevista con Radio Centro, dijo que con el primer mes de recaudación, el plan de trabajo estimado para ejecutar está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. “El impacto es de aproximadamente $ 60 millones al año, lo que va a poder equiparar al rancho, que significa una vida digna para los uniformados”.

Actualmente, la Policía Nacional cuenta con más de 52.000 agentes, según Palencia, todos están operativos, pero la prioridad es la gestión del conflicto armado interno. “Se ha hecho la solicitud de convocatoria a otros órganos de seguridad para realizar acciones integrales de seguridad y de auxilio para la ciudadanía”, acotó.

Otras muertes de políticos

Aunque no llegaron a ser autoridades seccionales, la lista de políticos fallecidos no termina. Julio César Farachio, candidato a la alcaldía de Salinas; y, Omar Menéndez, aspirante para ser el primer edil en Puerto López, Manabí, fueron también víctimas de sicariato días antes de las votaciones. 

La propuesta para dar garantías a funcionarios públicos

El experto en seguridad pública y del Estado, Diego Pérez, sostiene que el Gobierno nacional necesita establecer con “claridad y precisión el alcance de cada amenaza de las autoridades”, hacer una priorización de quienes urgentemente necesitan una atención oportuna, para no lamentar otra muerte en el futuro.

Las variables de seguridad

Acorde al Plan de Seguridad Ministerial presentado a inicios de abril, los municipios deben participar de la estrategia junto con las prefecturas para así estar alineados al proyecto nacional. Sin embargo, aún no se ejecuta como tal. Está en fase de socialización con los gobiernos locales.

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