Decretan nuevo estado de excepción focalizado en Ecuador por "conmoción interna"

Una vez más, pero esta vez con el aval de juristas internacionales. El Gobierno Nacional ha dispuesto un nuevo estado de excepción mediante decreto ejecutivo. La razón, según el documento firmado este 2 de julio, es la grave conmoción interna y la continuidad del conflicto armado interno en el país.

La decisión se oficializó mediante el decreto ejecutivo N° 318, el cual establece que la medida se aplique en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y en Azuay; específicamente en el cantón Ponce Enríquez, por un plazo de 60 días.

"Este decreto cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), institución que en su calidad de observadora jurídica elaboró un informe que concluyó que el documento se ajusta constitucionalmente," afirma el comunicado oficial.

El Gobierno de Daniel Noboa sustenta esta decisión en las estrategias que implementa y ejecutará para enfrentar al crimen organizado y al terrorismo, señalados como los responsables de la ola de violencia en el país.

No habrá toque de queda, pero tampoco reuniones

En el decreto ejecutivo firmado por el mandatario, en el que también se recoge el número de hechos violentos por provincia, así como los resultados positivos que se han obtenido en las localidades en las que se han ejecutado estrategias de seguridad, se establece que uno de los derecho que quedan suspendidos con este nuevo estado de excepción es el de la inviolabilidad de domicilio. Es decir, el Bloque de Seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, podrá efectuar allanamientos de acuerdo con las operaciones de inteligencia sin una orden judicial.

Según el artículo cinco del documento que decreta la medida, también se dispone suspender el derecho a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación con los motivos del estado de excepción, observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Es decir, las autoridades podrán suspender eventos masivos o reuniones en las siete localidades donde regirá el nuevo estado de excepción, si estos comprometieran la seguridad de sus habitantes o el orden público.

"En tal sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas a la seguridad ciudadana e interna, así como al orden constituido", reza el decreto.

Se apropiaran de las armas decomisadas

Este decreto también estipula que las autoridades podrán realizar requisiciones de bienes en las siete provincias donde regirá el nuevo estado de excepción, especialmente de armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios de origen ilícito y sin permiso o tenencia, previa revisión del departamento correspondiente. En un contexto más amplio, la requisición es la toma de bienes o propiedades, a menudo en situaciones de emergencia o bajo ciertas condiciones legales.

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