El decreto de Noboa sobre uso de la fuerza, un recordatorio en tiempos de 'guerra'

El reciente decreto del presidente Daniel Noboa sobre el Uso Legítimo de la Fuerza es considerado por expertos en seguridad y estrategas políticos como una "palmada en la espalda" que ratifica el apoyo del Estado a las fuerzas de seguridad en tiempos de guerra interna, y que también las insta a mantenerse atentas y a contar con estrategias vigentes para enfrentar a los grupos terroristas.

Los expertos lo ven como un recordatorio, dado que la Ley que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está en vigor desde hace dos años. La Asamblea Nacional la envió al registro oficial en agosto de 2022, y su reglamento fue creado 10 meses después, durante la administración del expresidente Guillermo Lasso.

¿Un decreto innecesario?

"Es un mensaje político reafirmando la voluntad del Ejecutivo para que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen potencialmente las armas letales de manera excepcional", sostiene Diana Mejía, experta en materia de seguridad, en conversación con este Diario. Añade que "no hacía falta este decreto ejecutivo para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actualicen sus manuales operacionales, ya que estas instituciones lo realizan como una acción institucional urgente".

Este criterio coincide con lo dicho por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en declaraciones a la prensa. El funcionario afirmó que las Fuerzas Armadas siempre actualizan sus manuales operativos y lineamientos. Según Loffredo, esta es una práctica habitual; con cada decreto que las involucra, realizan los ajustes internos necesarios.

En el ámbito comunicacional, el estratega político y de gobernabilidad Jorge León califica la emisión del decreto como oportuna. Según León, la crisis de inseguridad que atraviesa el país ha reestructurado el panorama: “Evidentemente, la ley ya fue creada y publicada en gobiernos anteriores, pero los resultados y las acciones en seguridad hoy son completamente distintos. Más allá de lo contundente que pueda parecer el decreto, es una acción necesaria y acorde con las necesidades actuales".

Un recordatorio para la fuerza pública

El estratega añade que el objetivo del decreto es comunicar el respaldo legal del Gobierno Nacional a los uniformados que enfrentan al crimen organizado, una preocupación para la fuerza pública al usar sus armas de dotación. León explica: “Es para que la fuerza pública perciba el respaldo. En particular, a la policía le sucede que, cuando ha hecho uso de la fuerza, el Estado lo ha dejado en indefensión. El decreto busca eso: ratificar el apoyo para que los policías hagan lo que sea necesario para recuperar la seguridad de cada uno de los ecuatorianos”.

¿Qué estipula el nuevo decreto 371?

En el Decreto Ejecutivo 371, emitido el 25 de agosto, el presidente Daniel Noboa ordena a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la actualización o creación de manuales operativos para la aplicación de la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y su reglamento. Este decreto detalla acciones específicas para ambas instituciones.

En sus segundo y tercer artículos, el mandatario enfatiza y ordena que, en cumplimiento de su deber, los uniformados utilicen sus armas de fuego o de impacto cinético en las siguientes circunstancias:

• Para evitar la comisión de un delito o enfrentar una situación que implique amenaza o peligro.
• Para detener a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves y que se resista a la autoridad.
• Para impedir la evasión o fuga de una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
• Cuando resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

Disparar a matar 

El más reciente incidente en el que la Policía Nacional se respaldó en la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza ocurrió en la provincia de Los Ríos el 28 de agosto de 2024. Según un informe preliminar, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 alertó a las autoridades sobre un secuestro en curso. La Policía localizó el vehículo involucrado cerca del camposanto Jardines de Quevedo.

Al intentar detener el vehículo, los secuestradores comenzaron a huir, maniobrando de forma peligrosa y disparando contra los agentes. La persecución continuó hasta una vía secundaria en el recinto San Pablo, donde los secuestradores abandonaron el vehículo y abrieron fuego contra la Policía. Frente a esta amenaza inminente, según las autoridades, los agentes respondieron con sus armas, neutralizando a uno de los atacantes, quien falleció en el lugar. Los otros tres escaparon.

Durante el operativo, la Policía Nacional informó que logró rescatar a la víctima del secuestro, quien había sido capturada mientras conducía su camión cargado de sacos de azúcar.

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