El decreto de la discordia, que será analizado el lunes en la Asamblea

Un nuevo decreto de estado de excepción transcurre en el país. El 29 de abril, el presidente Guillermo Lasso usó ese recurso en zonas de Guayas, Manabí y Esmeraldas por los altos niveles de violencia delincuencial y del crimen organizado, por 60 días. La noche del viernes, en cambio, el Ejecutivo informó de la reciente declaratoria que rige sobre las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, para restablecer el orden y combatir hechos de violencia que han paralizado las actividades en esas jurisdicciones a consecuencia del paro.

En el documento que se difundió en redes sociales y que incluía una restricción a la libertad de información que luego fue retirada, se establecen varias medidas y limitaciones de derechos ciudadanos, por una grave conmoción interna, con una duración de 30 días.

Entre los puntos del decreto constan: establecer como zona de seguridad a Quito, conformar una fuerza de tarea conjunta (Fuerzas Armadas), reforzar los contingentes de uniformados militares y de la Policía, suspender el derecho a la libertad de asociación y reunión, restringir la libertad de tránsito en la capital (con excepción de los sectores de la salud, seguridad, áreas estratégicas, etc.), embargo de bienes o servicios para mantener el orden. El decreto también señala el uso progresivo de la fuerza, que dependerá del peligro o amenaza al que se vean expuestos los policías o militares.

En Quito, donde también se impuso un toque de queda, de 22:00 a 05:00, ciudadanos creen que las medidas ayudarán a devolver la actividad a la ciudad. “Es necesario ponerles un freno a estos señores llamados manifestantes, que solo han hecho daños en la ciudad. Necesitamos recuperar la paz”, comentó Cecilia Muñoz, quien caminaba por La Mariscal.

La figura legal también generó la reacción de Leonidas Iza, máximo líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien cuestionó la posición del Gobierno de Lasso, al que calificó de dictadura.

“Solicitamos a la Asamblea Nacional, a nuestros asambleístas, que deben aplicar la ley para revocar esta decisión del decreto”, dijo Iza en un pronunciamiento público.

Ese llamado fue escuchado en la Asamblea. Durante la mañana y tarde del sábado 18 de junio, se registró un intenso movimiento de asambleístas de Pachakutik, que buscaban apoyo en esa y otras tiendas políticas para que se aborde el tema del decreto en el pleno legislativo.

“Iniciamos una reunión semipresencial entre los Jefes de Bloques de la @AsambleaEcuador a buscar soluciones al problema que atraviesa el pueblo ecuatoriano”, publicó el sábado 18 de junio el asambleísta Salvador Quishpe en Twitter.

Pasadas las 17:00, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, dio una rueda de prensa para informar que recibió la solicitud para tratar la revocatoria del decreto, firmada por 72 asambleístas.

“Con base en ello, hemos decidido convocar a una sesión con este punto del orden del día que trata sobre la revocatoria de este estado de excepción para el día lunes, a las 17:15, en el pleno de la Asamblea Nacional”, detalló. El titular del Legislativo agregó que se ha considerado un segundo punto para que se convoque a la comitiva de la dirigencia indígena que lidera la movilización y al presidente Lasso, para establecer un diálogo.

Punto polémico que se borró del documento

Inicialmente, el texto del Decreto 455 incluía restricciones a la libertad de información. Sin embargo, casi al final de la noche del viernes, el secretario general jurídico Fabián Pozo aclaró que esa limitación no será parte del documento corregido que entregarían a la Corte Constitucional (CC) para el trámite de ley.

Con ese considerando, el Gobierno podía establecer limitaciones en los servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de Internet. También se restringía el tratamiento de información debidamente clasificada, reservada o de circulación restringida. Además de suspender, degradar la calidad o limitar temporalmente los servicios de telecomunicaciones.