Defensa de Ola Bini recusa a la jueza del caso
La defensa del informático sueco Ola Bini, investigado por presunto acceso indebido a sistemas informáticos, recusó a la jueza del caso Yadira Proaño. La jueza fue citada con la recusación el pasado viernes 6 de septiembre.
La defensa del informático sueco Ola Bini, investigado por presunto acceso indebido a sistemas informáticos, recusó a la jueza del caso Yadira Proaño. La jueza fue citada con la recusación el pasado viernes 6 de septiembre.
Según el Código General de Procesos una vez citada la recusación se suspenderá la competencia del juez. En un auto general emitido este martes 9 de septiembre, la jueza anunció que se aparta de seguir conociendo la causa y dispuso que una vez ejecutoriado el presente auto se remita el proceso a la sala de sorteos de la Unidad Judicial Penal Parroquia Iñaquito para que uno de los jueces penales distinto a ella continúe con la sustanciación de la misma hasta que sea resuelta la recusación.
La semana pasada la jueza fijó para el jueves 10 de octubre a las 10:00 la audiencia preparatoria de juicio en contra del informático. La recusación se presentó el pasado 27 de agosto y será conocida por la jueza María Elena Lara.
Ola Bini fue detenido en abril cuando trataba de viajar a Japón. Estuvo casi 70 días detenido por presunto ataque a la integridad de los sistemas informáticos. Dos días antes de que concluya la instrucción fiscal, la Fiscalía reformuló los cargos en contra del sospechoso.
La Fiscalía dispone de elementos e indicios en contra del extranjero y amigo personal del hacker australiano Julian Assange, detenido en Londres. Mientras el australiano estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres Ola Bini lo habría visitado al menos una docena de veces. El desarrollador no ha negado su amistad con Assange pero sí a negado ser su colaborador.
Entre las evidencias con las que cuenta la Fiscalía se destacan las pericias efectuadas a su Iphone en el que se encontraron chats, audios, mensajes. Una imagen de vídeovigilancia del edificio en el que vivía habría permitido a la Fiscalía acceder a la clave de su teléfono. Según Carlos Soria, su defensor, en contra de su cliente no existe ninguna evidencia. El abogado ha insistido que lo que ocurre en su caso es que se criminaliza el conocimiento.