Defensor pide prohibición de salida del país para el presidente Lenín Moreno

La Defensoría del Pueblo oficializó una denuncia en la Fiscalía por presuntos delitos de lesa humanidad en el contexto de las violentas protestas de octubre de 2019.

El pedido de investigación apunta al presidente Lenín Moreno, ministros, exfuncionarios y altos oficiales de la Policía que estuvieron a cargo de las acciones de seguridad durante la protesta indígena que paralizó el país por cerca de 15 días. Pide que se prohíba su salida del país, que se les llame a rendir versión y se les formule cargos.

En el documento, el defensor Freddy Carrión habla de “los excesos de la fuerza pública” durante los días del paro. Habla de víctimas de violaciones de derechos humanos, y el carácter generalizado del ataque contra la población civil.

Carrión pidió que él y su familia sean incorporados al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos porque dice haber recibido amenazas.

En la denuncia, sin embargo, no se recogen los ataques, secuestros, agresiones sexuales que sufrieron miembros de la Policía, Fuerzas Armadas, periodistas, ciudadanos o el incendio de la Contraloría.

Desde el Ministerio de Gobierno se considera que el informe fue elaborado por una comisión extrajudicial, con la renuncia de dos de sus integrantes.

En un comunicado se señala que el informe debe ser tomado como una versión de los hechos pero no como una verdad absoluta. Dice que es una comisión ad hoc “nombrada por un funcionario cuya objetividad se encuentra en duda, ya que acompañó a los manifestantes en el secuestro de policías y periodistas”.

Recuerda que los acontecimientos de octubre se dieron en un contexto de extrema violencia en que la Policía actuó para mantener el orden y el imperio de la ley. No se desalojaron lugares de reunión ni se registraron enfrentamientos que no fueran aquellos en que la Policía, en el ejercicio de su misión y sus obligaciones legales repelió la violencia de los manifestantes, mientras, además, se encontraba vigente un estado de excepción.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, calificó al informe de “infame que desdibuja la imagen de una respetable institución como la Defensoría”.

El ministro aclaró que lo que ocurrió en octubre fue un conflicto social, no un conflicto armado. Calificó como vergonzosa la utilización de términos empleados en el informe relacionados con ‘guerra de posiciones’. Las FF.AA. reiteraron que en octubre actuaron con respeto a los Derechos Humanos y garantizaron la democracia durante las violentas protestas de 2019.