Más defensores públicos no logran mejorar el servicio
Un solo funcionario puede llevar más de 350 casos al año. Algunos usuarios presentan quejas de varios tipos. También hay antecedentes de corrupción.
La Defensoría Pública, ese organismo autónomo que forma parte de la Función Judicial y que tiene como objetivo garantizar el pleno acceso a la justicia a quienes no pueden pagar un abogado particular, sumó en días recientes a sus filas a 18 nuevos defensores, que, sin embargo, siguen sin cubrir el déficit del servicio.
Así lo reconoce Jonathan Vanegas, director provincial de la entidad, quien en una entrevista con este medio explicó que de las nuevas incorporaciones, 12 funcionarios llegaron a esta zona del país, lo que da un total de 188 defensores, de los 215 que se necesitan actualmente.
En consulta con la comunidad, EXPRESO supo que el servicio que se ofrece, que en su mayoría se enfoca en asesorar en casos penales, de violencia de género, niñez y adolescencia, laboral y otros, no tiene del todo contentos a los usuarios.
Un ejemplo es el de Joaquín León. Pidió los servicios de la Defensoría Pública para asistirlo en un contrato con el banco por una deuda universitaria, pero lo que recibió a cambio es al abogado sugiriéndole que mejor arme un “escándalo mediático” para poder levantar un caso contra la entidad financiera contra la que quería entrar a querella.
Tampoco a Rosa Nivelo Antepara le fue bien. Califica de pésima la experiencia. “Fue en un caso de un familiar. El defensor incluso me estaba invitando a salir, cuando se enteró que me dedico a la comunicación, bajó la guardia. Realmente me sentí en indefensión total”, recuerda.
Otros casos hallados fueron demora en el seguimiento de los procesos, intentos de coima y otros vicios, como el que se conoció el mes pasado, cuando una policía se quejó de defensores públicos que patrocinaron a cuatro delincuentes y gestionaron un acuerdo con la víctima, en Pichincha.
El director provincial recuerda que todo caso en que se haya generado una molestia y que el usuario denuncie en la entidad, entra a análisis a la Unidad de Control Disciplinario y puede derivar en la destitución del funcionario.
Dice además que en Guayas, el último año, se hallaron unos 14 casos de presunta corrupción, algunos están en trámite aún y dos terminaron en la separación del defensor señalado. Algunos casos referían cobro de dinero por el servicio, lo que, por supuesto, es ilegal.
Sobre la lentitud de los procesos, afirma que hay una notable sobrecarga laboral. De hecho, cada defensor puede llevar más de 350 casos al año. Si a eso se suma el caudal normal de los procesos, cuyas audiencias a veces se postergan, el escenario de sensación de estancamiento es inevitable.
No a todos les fue mal con los defensores. Daniel Campoverde pudo tener la asistencia de varios y desde su perspectiva todo depende de la química. “Si le caes bien al defensor que te toque, quizás haya mejor atención”, cuenta.
A Harold Mera Menéndez lo ayudaron en plena pandemia. “Mi papá tenía que recibir diálisis y los centros no dejaban que asistiera. Me ayudó tanto... Me le saco el sombrero”, dice.
Los nuevos funcionarios fueron distribuidos en Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Azuay, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Loja y Pichincha. Guayas es la zona con mayor déficit de profesionales.
