La Defensoría del Pueblo denuncia a Isidro Romero por presunta violencia política
El ente que precautela los Derechos Humanos sostiene su acusación en un comentario del excandidato presidencial en contra de quien fuera su compañera de fórmula, Sofía Merino
La Defensoría del Pueblo anunció que presentó una denuncia por presunta discriminación y violencia política hacia la excandidata vicepresidencial del partido Avanza, Sofía Merino.
El presunto promotor de dicha infracción electoral sería Isidro Romero, excandidato presidencial de dicha tienda política. “Es muy difícil que entiendas lo que ha pasado en estas elecciones y en especial el fraude que le han hecho a mi candidatura. Lamentablemente tu edad y poca experiencia en estas lides no te permite entender y tu ambición te destina al fracaso”, comentó Romero en su cuenta de Twitter al responder a un comentario de Merino en el que demostró su desacuerdo con él.
De lo único que me arrepiento es haber aceptado de mis ex asesores, en especial de uno de ellos con quien tuviste una gran relación, tu opción como mi binomio.
— Isidro Romero Carbo (@isidroromero_c) February 10, 2021
Que Dios te bendiga y toma mis palabras como un consejo, no como una crítica, para tu futura "exitosa carrera política"
A criterio de la Defensoría, el comentario implica violencia política porque “refuerzan estereotipos machistas de género que consideran que el sexo y la edad de una mujer es un limitante para comprender ciertas situaciones”.
Atención | #DefensoríaDelPueblo presenta denuncia ante el @TCE_Ecuador por la discriminación y violencia política sufrida por Sofía Merino durante la campaña electoral, especialmente, promovida por el excandidato a la presidencia de la República, Sr. Isidro Romero. pic.twitter.com/77mcdCVlgj
— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) March 8, 2021
La violencia política, con las recientes reformas al Código de la Democracia es considerada una infracción muy grave y es sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
