Los ‘deliveristas’ buscan la protección laboral

Durante los casi dos meses que duró el encierro por la pandemia en 2020, los repartidores motorizados se volvieron indispensables. Cuando nadie podía salir de sus casas, eran ellos los que trasladaban las compras desde el supermercado y los pedidos de medicinas desde las farmacias. Cuando muchos ecuatorianos fueron despedidos por la crisis que provocó la COVID-19, estos vieron en la actividad ocupacional generada por las plataformas digitales la única opción de salvación económica.

Según cifras de una investigación reciente, 18.819 personas en el país dependen de lo que ganan con cada traslado de encomienda. Tienen un ingreso y están trabajando, pero sus condiciones laborales pueden ser difíciles, en el mejor de los casos; y horrendas, en el peor. Una serie de encuestas generadas por el Observatorio de Plataformas en el país determina que el 68,7 % de los repartidores trabajan siete días a la semana, con un promedio de diez horas diarias.

Durante estas arduas jornadas, el 77,4 % asegura que no realiza interrupciones a su actividad. Hacen ‘oficina’ plantados en una esquina determinada, sin pausas para descansar, tiempo para alimentarse o incluso ni para ir al baño, además de no tener un lugar determinado donde cumplir esta necesidad. “No es fácil nuestra vida. Trabajamos mucho para ser mal pagados”, dice Sergio Parra, un venezolano radicado desde hace cinco años en Guayaquil. Un año cumpliendo rutas por la ciudad, llevando encomiendas.

“Uno trabaja por necesidad. Pero nadie nos responde por lo que nos pase en la calle, si nos roban la moto o nos accidentamos. A mí me robaron hace poco en la Juan Montalvo. Ellos dicen que cierran las zonas peligrosas, pero cónchale, mandan para allá cada vez y cuando”, revela Parra.

Algo similar puede asegurar Gerardo Bautista, un guayaquileño que desde hace tres años trabaja como repartidor. Hasta antes de la pandemia, lo hacía solo los fines de semana, para redondear sus ingresos como operario en una empresa que repara acondicionadores de aire. Y desde marzo de 2020, de manera permanente. Ha pasado por todas las plataformas, y ninguna resultó como lo esperabas. “Te venden la idea de que tú eres tu propio jefe y que administras tu propio horario, pero te exigen mantener un estándar de horas conectadas y una calificación para que puedas agarrar horas. Si cogen una franja (horario) y no pudiste trabajarla, te bajan de grupo y eso te perjudica. Bajan la calificación. Si enfermas, igual estás obligado a trabajar. No hay vacaciones ni nada”.

No hay repartidor que asegure que le vaya bien. Tampoco quien sostenga que lo vaya a dejar. “No hay trabajo”. “No hay cómo abandonarlo”. Una encuesta ejecutada en 2020 por las investigadoras Kruskaya Hidalgo y Carolina Salazar determina que el 83,6 % de los repartidores están disconformes con el funcionamiento de las plataformas. Y el 90,4 % se queja de la tarifa de pagos. “Es que nosotros ponemos nuestras herramientas. La moto, el celular, pagamos los datos... Ellos entregan uniformes, pero hasta eso se debe pagar”, agrega Bautista.

Ese descontento general es el que ha recogido el Frente de los Trabajadores de Plataformas Digitales (Frenapp) y Glovers Ecuador desde 2018 para apoyar varias propuestas de leyes que han sido presentadas en su momento por algunos legisladores ante la Asamblea Nacional.

“No hay una regulación en el país sobre las plataformas digitales en su relación con las personas que trabajan como riders. Eso hace que hagan lo que les dé la gana. Tenemos cuatro proyectos de ley que se han unificado en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores ante la necesidad de lograr protección y respaldo legal para los repartidores. Somos unas 40 mil personas. Solo Rappit dijo en la Asamblea Nacional que tiene a 8.000”, asegura Carolina Hevia, secretaria de defensa jurídica del Frenapp, quien afirma que los trabajadores de estas plataformas se encuentran desprotegidos, un panorama que podrá cambiar si se aprueba alguno de los proyectos que se analizan en estos días en la comisión especializada de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, no todo está bien. La Frenapp hizo público recientemente su descontento con la comisión con respecto a cómo se están gestando las mesas técnicas. Habla de “un trato desigual hacia los trabajadores, y una clara tendencia de quienes dirigen el debate” hacia las posturas y propuestas de las empresas de plataformas.

En un comunicado público firmado por Yuly Ramírez, la Frenapp asegura que no continuará “con la pantomima de estas mesas de trabajo si no se van a llevar a cabo con la imparcialidad que corresponde y en igualdad de condiciones. No nos vamos a prestar para justificar en apariencia el cumplimiento de haber escuchado a los/as trabajadores/as, cuando la realidad es que se nos ha interrumpido e interpelado en todo momento”.

Tres propuestas por los repartidores

Por separado y desde agosto, las asambleístas Johanna Ortiz, Marcela Holguín y Johanna Moreira Córdova presentaron sendas propuestas de reforma al Código del Trabajo, las cuales están en análisis en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. “Nuestra propuesta está conformada por 20 artículos con los que buscamos garantizar una serie de derechos justos para el trabajador vinculado con estas plataformas. Hablamos de sus vacaciones, de jornadas laborales flexibles, de acuerdo con la realidad y necesidad del trabajador”, dice Johanna Moreira en torno al proyecto que presentó el 24 de agosto del año pasado y del cual, según dijo, se encuentran preparando el informe para primer debate. “Tenemos conocimiento de que está listo para presentarse al pleno de la Asamblea Nacional. Ya dependerá de la importancia que le dé la Presidencia de la Asamblea para que lo ponga en el orden del día”, asegura la representante de Loja en la Asamblea. La normativa promueve, según dijo, que las empresas que tengan plataformas en el país se acojan a las leyes del trabajador ecuatoriano, “para que estas puedan reconocer derechos, para que de esta forma, por el hecho de no estar reguladas en el país, no terminen pisoteando los derechos de nuestros trabajadores”. La asambleísta considera que para lograr esta legalidad, las aplicaciones de entrega deberán tener un lugar, una sede nacional, desde donde puedan ejercer sus responsabilidades con sus trabajadores y atender además de manera directa los reclamos de sus usuarios sobre los servicios que prestan.