Demanda inconstitucional al Decreto Ley para mejora recaudatoria ya fue sorteada
Viviana Veloz, presidenta del Legislativo, hizo el pedido recientemente y calificó la normativa como "paquetazo navideño"
A través de un comunicado, la Asamblea Nacional del Ecuador informó que la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Legislativo en contra del Decreto-Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos fue asignada a la magistrada Karla Elizabeth Andrade Quevedo.
La presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, declaró el pasado 18 de diciembre, día en el que acudió a la Corte Constitucional (CC)a presentar el recurso legal, que el Decreto, fue promulgado de manera "arbitraria", e impone mayores cargas tributarias a las familias ecuatorianas. “Es, en realidad, un paquetazo navideño para la clase media del país”, manifestó Veloz.
La acción de inconstitucionalidad también incluye una solicitud de medida cautelar para que se suspendan los efectos de la ley hasta que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento oficial.
#AsambleaInforma que, en relación de la demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ley de la Ley Recaudatoria, presentada ayer, se procedió con el sorteo de la causa que recayó en la magistrada Karla Elizabeth Andrade Quevedo #ComunicadoAsamblea pic.twitter.com/PUQomxvfAS
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 19, 2024
Historial de la normativa
El Decreto-Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos fue promulgado recientemente por el Ejecutivo el 9 de diciembre pasado como parte de una serie de reformas fiscales que buscan incrementar los ingresos del Estado y mejorar el combate al crimen organizado.
La normativa establece un impuesto aplicable a la transferencia de vehículos motorizados usados destinados al transporte terrestre. Este gravamen recae sobre las personas naturales y jurídicas que adquieran la propiedad de dichos vehículos. La ley contempla una tarifa que no excederá el 5%, definida según una tabla progresiva que será emitida en el reglamento correspondiente.
El proyecto de ley lo había presentado por el Gobierno el pasado 7 de noviembre con el objetivo de que se tratara por la Asamblea como urgente en materia económica. El proyecto lo archivó el Legislativo con los votos del correísmo, Construye y Partido Social Cristiano (PSC), entre otras formaciones.
Por otro lado, el Ejecutivo defiende la medida argumentando que es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal y para cumplir con compromisos internacionales en materia de transparencia financiera y la lucha contra el lavado de activos a través del fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
El desenlace de este conflicto se encuentra ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar si la ley cumple con los principios establecidos en la Constitución ecuatoriana y si procede la suspensión temporal de sus efectos mientras se emite un fallo definitivo.