¿Por qué demora el concurso para renovar a la Corte Constitucional?

El gran problema con los concursos que el actual sistema constitucional ecuatoriano tiene para elegir jueces para el sistema jurisdiccional, constitucional o para vocales para organismos como el Consejo de la Judicatura es que siempre es tierra fértil para la sospecha y para la falta de confianza en la sociedad. En otras palabras, la primera reacción de la sociedad es sospechar que, tras los concursos, hay algo escondido o alguien que está tramando secretamente para meter en esos organismos a su gente y aprovecharse del poder que administran en sus cargos.

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Sistema diseñado para el control político

Este fenómeno tiene muchas causantes: para comenzar, los constituyentes que armaron un sistema en el que evidentemente todo estaba ideado para que los que están en el Ejecutivo puedan mover sus fichas e incluso para los movimientos políticos grandes y con capacidad de negociación puedan llegar a acuerdos con el gobierno para facilitar el nombramiento de fulano o mengano. Durante el correato, el abuso del poder del Ejecutivo fue grosero y el sistema funcionó a la perfección: todos los organismos jurisdiccionales a los que se puede sumar la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron tomados sin pudor por el gobierno.

Esto hizo que otros organismos de control como la Contraloría, la Fiscalía o las Superintendencias caigan bajo el mismo control. Parte de la desconfianza social en estos concursos se originaron en ese momento y ahora es muy difícil que eso se revierta. Además, aún se los usa más o menos de la misma forma: se trata de una mascarada para que los partidos políticos pongan y dispongan en los organismos de control a su propia gente con la idea de que nadie lo va a notar.

La desconfianza de la sociedad también se debe a hechos recientes: el concurso organizado por el tristemente célebre Wilman Terán, que como presidente del Consejo de la Judicatura que estaba dirigiendo un concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia de una forma desvergonzadamente amañada que tuvo que ser detenido por los escándalos de la narcopolítica que saltaron a raíz de los chats telefónicos del caso Metástasis.

Escándalos recientes y casos de narcopolítica

Ahora, es el concurso para la renovación parcial de los magistrados de la Corte Constitucional el que también está atravesado por estas sospechas y suspicacias, a pesar de que su desarrollo no ha sido escandaloso como en el caso de la Corte Nacional de Justicia. La verdad es que todo comenzó muy mal. La decisión del gobierno de enviar como su primer delegado para conformar la comisión encargada de organizar el concurso no podía ser peor: Fernando Yávar. 

Se trata de la persona que en tiempos del correato y en su calidad de miembro del Consejo de la Judicatura transitorio fue la mano derecha de Rafael Correa para tomarse la justicia. ¿Cómo pudo el gobierno de Noboa enviar a una persona que levantaba todas y las más cochinas sospechas de que va a actuar ahora de igual forma que durante el correato? Yávar no reunía las más mínimas condiciones para dirigir un proceso como este. Felizmente, como sostiene el constitucionalista Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, Yávar se ha hecho a un lado y ya no aparece como el eje del concurso. 

En su lugar está Juan Izquierdo, delegado por la Función de Transparencia. Hasta hace poco, Izquierdo fue el representante en Guayas de la Procuraduría dirigida por Íñigo Salvador. Aunque algún abogado consultado por EXPRESO lo calificó como “travieso”, la verdad es que no hay mucha información sobre Izquierdo. Yávar ya no aparece ni en ruedas de prensa ni en medios hablando por la comisión.

Pero hay otros motivos que están generando suspicacias en estos días sobre el proceder de la comisión: un motivo que quizás puede tener su explicación, pero que dado el estado de ánimo del país y su nivel de confianza lo único que produce es más sospechas: la demora en hacer los exámenes orales y escritos. Abogados consultados por EXPRESO y el mismo Hernán Salgado sostienen que no hay motivos para que, teniendo ya las listas de los candidatos completas, no se haya iniciado el proceso de pruebas. 

Incluso, ya tiene aprobado un reglamento que, dicho sea de paso, también tiene críticas como el hecho de haber reducido sustancialmente la edad a 30 años para ejercer un cargo que requiere mucha experiencia y carácter. ¿Entonces por qué tanta demora? La Comisión ha dicho que los nombres de los candidatos llegaron muy tarde, pero el presidente de la Corte Constitucional dijo que no ve motivos para el retraso. 

De no tener listos a los jueces que entrarán al sorteo hasta febrero del 2025, como dice la norma, los actuales miembros de ese órgano tendrán que prorrogarse al menos dos meses. ¿Eso le conviene a alguien? No se sabe, pero es precisamente este tipo de conductas las que despiertan sospechas, aunque quizás no hay ninguna maniobra no santa escondida. Si no se explica con contundencia y oportunidad las razones para la demora, a la opinión pública no le queda otra que sospechar. Es lo normal.

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