Demoras tecnológicas afectaron la audiencia de apelación del caso Sobornos
Los abogados piden que se anule el caso desde la notificación de la sentencia. Hoy hubo una para de dos horas por problemas de conexión
Las demoras persisten en el caso Sobornos. La audiencia de apelación de los 20 involucrados sigue reportando lentitud. Hoy, 29 de junio de 2020, finalmente se instaló, luego de ser diferida hace diez días y suspendida la semana pasada, pero tuvo inconvenientes técnicos. Dichos problemas provocaron una suspensión de dos horas. Desde las 10:30 y hasta las 12:30, se tuvo que pausar la audiencia porque los abogados que estaban conectados mediante videoconferencia no tenían enlace con la Corte Nacional de Justicia.
Por la tarde se registraron otros problemas de conexión que dificultaron la presentación de los abogados. El servicio de Internet estuvo entrecortado en toda la audiencia. Sobre todo, en la defensa del empresario Ramiro Galarza. La jornada terminó pasadas las 17:30 con la intervención de la defensa de Alberto Hidalgo. La audiencia continuará mañana, 30 de junio, a las 09:00.
El primero en presentar su apelación fue el exministro Vinicio Alvarado. Su defensa fue seguida por la apelación de Viviana Bonilla y otros cercanos al expresidente Rafael Correa. En la audiencia estuvo presente la fiscal General del Estado, Diana Salazar, que intervendrá al final de todas las apelaciones.
Las apelaciones de empresarios y políticos no fueron las únicas ponencias. La defensa de varios involucrados adelantó que pedirán la nulidad del proceso porque, según explicaron, no se entregó la sentencia completa.
Los abogados piden que se anule el caso desde la notificación de la sentencia. Eso implica volver al día de la notificación del mes pasado. De permitirse ese pedido se retrasarían todos los procesos.
Marcelo Dueñas, abogado del exasambleísta de Alianza PAIS, Christian Viteri, aseguró que la nulidad es procedente porque no hubo una notificación legal de la sentencia. Los acusados tuvieron que apelar, dijo, sobre la base de una sentencia incompleta. “Una absoluta indefensión”, agregó.
La defensa de Correa, a través de Alfonso Zambrano, demandó nulidad y revocatoria de la sentencia leída el 7 de abril y que estableció una pena de ocho años por el delito de cohecho agravado.
Entre los pedidos de apelación se debe sumar el presentado por el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, que no está de acuerdo con el monto fijado por la justicia para indemnizar al Estado ecuatoriano.