Una denuncia en la Fiscalía por la venta del Hotel Quito

Delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado injustificado, asociación ilícita y el incumplimiento a la Ley de Cultura son algunas de las infracciones que la Comisión Nacional Anticorrupción cree que se cometieron en la venta del emblemático Hotel Quito en el año 2016.

La entidad presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la segunda de su tipo desde el año pasado. El objetivo es que se revise el proceso que llevó a la autorización de la venta a la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), por $ 30,8 millones. Y en caso de detectarse ilícitos, que se revierta la adjudicación.

Además de los documentos que avalaron su venta desde el consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, propietario del bien, y de un informe reservado de la Contraloría General del Estado (que estableció una glosa de $ 7 millones por la reducción del avalúo de cerca de $ 38 millones a su cifra de venta), las entidades también piden que se revise “el cóctel que permitió la habilitación del terreno para su venta”, algo que involucraría a varias dependencias municipales. Así lo explicó Rocío Bastidas, veedora de la Ordenanza 135 del barrio La Floresta.

“Hemos visto cómo se fraguaron los cambios de zonificación del Hotel Quito a través de los concejos metropolitanos de tres administraciones. Primero querían desconocer que el Hotel Quito pertenecía a La Floresta, para echar abajo las normas especiales de ordenamiento territorial que tiene el barrio. Entre lo que entregamos a la Fiscalía están las actas donde el Municipio reconoce que se hicieron estos cambios, permitiendo, por ejemplo, elevar el inmueble de seis a dieciséis pisos, sin una justificación técnica real”, señaló.

Marcelo Larrea, coordinador del colectivo Hotel Quito es Quito añadió que, además de las investigaciones de las acciones del IESS que ya llevó a cabo la Contraloría, se necesita revisar lo hecho por la Comisión de Uso de Suelo, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, e incluso el Instituto Metropolitano de Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

“Entre las irregularidades cometidas por el Municipio está que el predio incluyó la venta de un tramo de la Isabel La Católica y su extensión hacia la González Suárez. ¿Cómo se habilitó la venta de una calle? (…) De paso, el hotel es patrimonio de la ciudad desde 1998 y su venta violenta la Ley Orgánica de Cultura, que señala que los bienes patrimoniales son inalienables. Ese bien nunca se debió vender. Eso constituye una lesión a la ciudad”.

A este pedido se sumó el Colegio de Arquitectos, sede Pichinca, que en un comunicado cuestionó una decisión de 2014 del INPC que modificó la ficha de inventario del inmueble. "Hasta el 2014 el proyecto se encontraba protegido en su totalidad, como se señala en la ficha de mayo de 1998, código N27-142, por tratarse de un icono del periodo moderno del Ecuador. A partir de esa fecha, con la ficha de inventario modificada, una parte de la edificación quedó desprotegida", dice el documento.

EXPRESO consultó al Instituto Metropolitano de Patrimonio y al INPC sobre este tema. Ambas entidades indicaron que responderán en el transcurso de la semana.

La compañía CRBC tampoco respondió al pedido de entrevista de este Diario. Esta fue la única ofertante en 2016. La adquisición del inmueble se concretó en la bolsa de valores, por medio de la casa Portafolio. La compañía, no obstante, ya tenía negocios en el país por cerca de $ 100 millones, entre los que estaba la construcción del túnel de Guayasamín, el intercambiador de la Plaza Argentina y la construcción y rehabilitación de puentes y carreteras en ocho provincias.

Al momento de la adjudicación salió a la luz que esta había sido sancionada por el Banco Mundial en 2009 a ocho años de inhabilitación por prácticas colusivas. El entonces presidente del directorio del IESS, Richard Espinosa, justificó la decisión indicando que no hubo irregularidades y que el rubro de la venta “respondía al precio del mercado del hotel”.

Germán Rodas, titular de la Comisión Nacional Anticorrupción, indicó que espera que la Fiscalía "actúe hoy y no mañana", con respecto a esta denuncia, añadiendo que se han afectado los derechos de los pensionistas del IESS y de la ciudad.