Denuncias de irregularidades en la selección de autoridades llegan a la Fiscalía
Se apunta contra el coordinador general de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana por fraude procesal
En un escrito presentado a la Fiscalía General del Estado (FGE) con fecha del 29 de mayo de 2024, Diario EXPRESO conoció que se ha presentado una denuncia por fraude procesal contra el coordinador general de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), David Soria Tamayo.
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El texto que fue presentado por el abogado, Andy Cabrera Carrión expone que el funcionario que representa a la entidad que debe velar por la transparencia, ha mostrado conductas que atentan contra la integridad del proceso y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
La denuncia sostiene que Soria emitió un informe jurídico en el cual recomienda al pleno del CPCCS que resuelva una apelación a una impugnación ciudsdana contra una postulante al cargo de Defensor Público, "faltando a la verdad procesal" porque según el papel que pasó Soria; la postulante ha violentado derechos humanos contra un ciudadano al existir en el caso varios vicios procesales y por ello recomendó su descarte en el consurso.
"Este servidor pretende que el pleno del CPCCS se arrogue hasta funciones como la de pronunciarse o emitir un criterio vinculante sobre un fallo judicial, algo que es única y exclusivamente de las y los magistrados en las diferentes instancias judiciales previstas en la ley" argumenta el denunciante Cabrera Carrión en sus escritos.
📰 Boletín de Prensa
— Participa Ecuador (@CpccsEc) June 3, 2024
El Pleno del #CPCCS descalificó a los postulantes Byron Guillén y Jorge Ballesteros del proceso de designación del titular de la Defensoría Pública, y aceptó la renuncia de Daniel Frías. La sesión fue declarada permanente y se reinstalará para conocer otros… pic.twitter.com/wJcoW6yqUG
Sin embargo, este no es el primer revés del proceso, porque la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que inició una investigación de oficio contra uno de los eliminados del proceso de selección. Se trata de Byron Guillen por una presunta participación en el delito de concusión, al solicitar dinero en el contexto de una causa de lavado de activos, en la que él participaba como juez nacional.
La acción llega después de que sea mencionado en el testimonio anticipado de Daniel Salcedo en el caso Purga. Ahí contó que le pagó 70.000 dólares para que falle a su favor en el caso que se le seguía por lavado de activos.
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