Elecciones 2025: Depurar y controlar patrimonios, para sanear la justicia de mafias

La confianza en el sistema de justicia en Ecuador tambalea. Basta mencionar Metástasis, Purga, Plaga e Independencia Judicial, para dimensionar cuán grave es la situación. Las investigaciones señalan a jueces implicados en sobornos, que son parte de una red de corrupción con lazos con el narcotráfico y en coordinación con abogados, policías, fiscales y más funcionarios, que le pusieron precio a la credibilidad de esta función.

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¿Cómo cortar los hilos del narcotráfico, la corrupción y la política del sistema judicial, sin que esto signifique ‘meterle las manos’ a la justicia?

Esa puede ser la ‘pregunta del millón’ para quien gobierne Ecuador. Por eso, EXPRESO le planteó esa interrogante a los 16 candidatos a la Presidencia. Únicamente, ocho de ellos contestaron.

Tres de los aspirantes proponen evaluaciones, pruebas de confianza; mientras que otro, hasta uso de polígrafo. Uno opina que se debe eliminar el Consejo de la Judicatura; dos creen necesario solicitar el apoyo de la cooperación internacional; uno puso el ejemplo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para identificar a malos funcionarios.

Uno de los presidenciables habló de establecer un sistema de protección a los jueces. Dos sostienen que hay que controlar el incremento de patrimonios de forma constante. Uno plantea la idea de contar con jurados, para que las decisiones no se queden en manos de los jueces.

El narcotráfico infectó al sistema de justicia

Para la exfiscal Mariana Yépez, resulta muy preocupante y doloroso que el narcotráfico haya cruzado todas las esferas en Ecuador: sociales, económicas, de Gobierno. Lo más grave, considera ella, es que se haya filtrado a la justicia y que se haya permitido que avance. Inquieta que llegara hasta los profesionales del derecho, la Policía y más instituciones en las que la sociedad confiaba. Sin embargo, desde hace 15 años, precisa, se cerró los ojos a la posibilidad de controlarlo.

En lo que se refiere a sanear la administración de justicia, para Yépez hay dos caminos, que están en manos del Consejo de la Judicatura.

Primero: una evaluación a los jueces, quienes en aras de la permanencia y estabilidad ya no trabajan en períodos. Por eso ve necesaria una evaluación seria, que debería comenzar ya, con los jueces de lo Penal de primero y segundo nivel; ya se hizo a los de la Corte Nacional, hace cinco o seis años, así se la renovó en parte, pero no se ha podido completar la designación.

Segundo: el análisis de patrimonios de los jueces. “La UAFE ha fracasado; la Fiscalía ha encontrado evidencias y ha tenido éxito en casos notorios como Metástasis”, señala. De ese modo se supo que los jueces recibían dinero y que nadie se había percatado de eso. En algunos distritos, la noticia pudo ser un rumor que todos sabían y no se controló. Las evaluaciones deben hacerse a los jueces y sus entornos familiares mientras ejerzan funciones, no al inicio y al final, subraya.

En este contexto, el abogado Juan Pablo Albán, quien integró el Consejo de la Judicatura en 2018, sostiene que es necesaria una revisión integral del sistema de administración de justicia, que empieza por analizar las atribuciones de la Judicatura, de los criterios de designación de los vocales y de los controles que debería contemplar el Código Orgánico de la Función Judicial, para que no sea un espacio de reparto de la justicia.

La cooperación oficial, un aliado clave, pero incómodo para las mafias políticas

Para ello, el también profesor de la USFQ cree importante pedir apoyo de la cooperación internacional. Menciona que hay agencias comprometidas con la reforma de la administración de justicia en América Latina, como Usaid, el Consejo de Europa y organizaciones como la American Bar Association, que tienen proyectos que buscan fortalecer las capacidades de la justicia y reformas en los sistemas de administración.

“Nos urge acceder a esa experiencia comparada, a organismos internacionales de supervisión en materia de derechos humanos, en procesos de designación de altos funcionarios como jueces nacionales, fiscales y de la propia Corte Constitucional, institución respetable y que funciona bien, pero que no se debe perder de vista por el proceso de renovación que pudiera estar políticamente comprometido”.

Albán enfatiza en que hace falta una revisión integral del sistema para no entregar las riendas del Poder Judicial a un nuevo operador, ya que los casos que han impactado a la opinión pública evidencian cómo la delincuencia organizada ha logrado hacerse de parte del control de la administración de justicia, como antes ocurrió con grupos de poder económico.

El ex procurador general del Estado, Gustavo Medina, coincide con Yépez y Albán. “Hay que partir del hecho incuestionable de que el país está tomado por el crimen organizado, particularmente por el narcotráfico, que tiene connotaciones internacionales, por lo que varios países sufren las consecuencias del fenómeno delictivo”.

Puertas adentro se requiere contar con una fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ejerzan un control permanente de toda actividad relacionada al crimen organizado y narcotráfico, para mantener la paz, dice Medina.

Además, él indica que se debe contar con autoridades administrativas que frenen intentos de intervención de vinculados con esta actividad. Para eso se necesita una administración de justicia sumamente eficiente, en la investigación, es decir Fiscalía; y de procesamiento y sanción. “Los jueces de lo Penal deben garantizar conocimiento y oportunidad”.

Para quitar sombras de la justicia se necesitan cambios incluso en la Constitución, para gestionar la ayuda de la cooperación internacional; no solo de bases militares, sino de asistencia técnica, financiera y de inteligencia del interior al exterior.

Las voces que no contestaron

Los candidatos Daniel Noboa, Luisa González, Victor Araus, Henry Kronfle, Jan Topic, Pedro Granja, Leonidas Iza y Juan Cueva no respondieron a la pregunta planteada, por lo que ceden su espacio al resto de candidatos.

Ley de Carrera Judicial es urgente, por Alfonso Albán Espín, editor general

Situación calamitosa requiera de medidas urgentes y muchas. Las propuestas de los candidatos presidenciales apuntan, todas, a extirpar la corrupción del sistema de justicia nacional. Ninguna, por sí sola, es la solución al gravísimo problema que atraviesa el país. Todas, en su conjunto, pueden encaminar a sanear la justicia. Las evaluaciones profesionales periódicas son necesarias. Observar el patrimonio de los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales es indispensable. Mejorar la infraestructura, la tecnología y los sueldos de los servidores son medidas motivadoras. Todo es necesario.

Y a la lista me permito sumar una más: una Ley de Carrera Judicial. Tal cuál como en el servicio exterior, que los jueces, fiscales y demás servidores públicos que quieran incursionar en el sistema judicial deben ir escalando y ganándose por sus méritos, probidad y años de servicio los puestos en las cortes provinciales, fiscales y Corte Nacional.

Los concursos (dizque) de méritos y oposición han demostrado ser el camino para corromper a los jueces y fiscales. Se escogen supuestamente a los mejores y más calificados, pero llegan al servicio público con la misión de amasar dinero, responder a sus caciques políticos en las provincias y pagar favores. Servidores judiciales así no merece el país. Si van a administrar justicia en el nombre soberano del Ecuador que lo hagan con dignidad y ajustándose a las ley.

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