Los derechos humanos en Ecuador estan bajo sospecha

La sombra del expresidente Rafael Correa todavía mancha la tarjeta de presentación ecuatoriana en derechos humanos. La gestión del ahora opositor al presidente Lenín Moreno, a siete meses de haber entregado la Presidencia, llena de adjetivos negativos el informe anual de la organización Human Right Watch (Observatorio de Derechos Humanos) sobre Ecuador en temas como libertad de expresión, libertad sindical, independencia judicial, entre otros.

Sobre el primero, destaca la eliminación del discurso hostil contra los medios de comunicación, el cambio de las cabezas de los medios públicos, pero no es suficiente. “Sigue vigente una Ley Orgánica de Comunicación de 2013 que concede al Gobierno amplia potestad para limitar la libertad de expresión”, reza el documento.

Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, aplaude las críticas a una norma que cree “hay que desmontar”. No así los elogios por la reducción del discurso adverso a la prensa. “Sí, con este sábado ya son 30 que no nos insultan, pero no es para agradecer, es nuestro derecho”.

El mismo Moreno ha dicho en varias ocasiones que no tiene la intención de derogar la ley, sino reformarla. Hasta la fecha, de los seis proyectos de cambios a dicha normativa que reposan en la Asamblea, ninguno es del Ejecutivo.

La filtración de correos electrónicos de conversaciones entre Correa, su secretario jurídico y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, sobre casos en el sistema judicial también está en el informe, como ejemplo de la falta de independencia en la justicia.

María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia y catedrática de la Universidad de las Américas, cree que la situación de la justicia con el nuevo Gobierno no ha cambiado en estos meses, a tal punto que no ha merecido un comentario positivo de la organización en su informe. “Eso dice mucho con respecto a la existencia de un verdadero cambio que de momento no se evidencia. Es un llamado de atención al Gobierno”, comenta.

La organización no dejó de lado otros casos como los abusos sexuales a menores de edad en institutos de educación públicos. Más de 880 casos entre 2014 y 2017, recoge el informe, y “la impunidad en estos casos continúa siendo la regla” (ver gráfico). También la filtración de videos sobre malos tratos a los reos de la cárcel de Turi por parte de policías. Y como un guiño termina destacando la preocupación de Moreno sobre los “presos políticos” en Venezuela como un gesto de distanciamiento con su antecesor.

Voces

María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia.

Es un llamado de atención al Gobierno. Es una oportunidad para tomar estos puntos como mecanismos de orientación para reformar las prácticas en materia de derechos humanos.

Francisco Rocha, Director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos.

Coincidimos en que es indispensable desmontar la Ley de Comunicación. Generar una estructura de defensa de los derechos a la comunicación y no una ley sancionadora, sino una promotora de la comunicación.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos.

El informe es un instrumento de incidencia. Como organización nos sirve para saber lo que se está reconociendo del país y a nivel internacional. Debería permitir abrir estudios para superar esas deficiencias.