Derechos Humanos exige juicio político contra ministro Gian Carlo Loffredo
El funcionario ya tiene en cola un pedido realizado por el legislador Héctor Valladarez, que fue conocido por el CAL
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) solicitó a la Asamblea Nacional del Ecuador que inicie un juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, tras la desaparición forzada de cuatro niños en el barrio Las Malvinas de Guayaquil.
El pedido coincide con la comparecencia del funcionario ante la mesa de la niñez en la sede del Legislativo ecuatoriano, donde debe rendir cuentas este 30 de diciembre sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en un operativo realizado el pasado 8 de diciembre en el Puerto Principal.
Se cuestiona el incumplimiento de protocolos que ha derivado en 22 días sin que los menores hayan sido encontrados ni estén con sus familias. El Comité, junto a otras organizaciones, emitió un pronunciamiento en el que se señalan otros casos de extralimitación militar con características de desaparición forzada.
Argumentos del Comité
El Comité denunció la desaparición de los menores como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, especialmente contra jóvenes de sectores empobrecidos y racializados. Las organizaciones firmantes señalaron que la militarización de la seguridad ciudadana, aplicada sin control ni fiscalización, ha contribuido a un clima de violencia e impunidad.
Entre los puntos destacados del pronunciamiento se encuentran:
- Responsabilidad estatal: Acusan al gobierno de Daniel Noboa de instaurar un "clima de terror" mediante una política de seguridad basada en la militarización.
- Inacción institucional: Critican al Defensor del Pueblo, César Córdoba, por su falta de respuesta ante las violaciones a los derechos humanos.
- Campaña de desinformación: Responsabilizan al ministro Loffredo por promover la estigmatización y criminalización de las familias de las víctimas.
Pedido contra Loffredo
El Comité exige a la Asamblea Nacional que enjuicie políticamente al ministro de Defensa por no garantizar que la actuación de las Fuerzas Armadas cumpla con estándares internacionales y por su responsabilidad en la desaparición de los menores. Asimismo, hacen un llamado a la Fiscalía y al sistema judicial para que actúen con celeridad en este y otros casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en 2024.
📢#PRONUNCIAMIENTO Organizaciones sociales y de Derechos Humanos exigen #VerdadJusticiaYReparación frente al caso de #LosCuatroDeGuayaquilEcuador y demás casos de graves violaciones a Derechos Humanos ocurridas en 2024
— CDH.GYE (@CDHGYE) December 30, 2024
Accede al pronunciamiento aquí: https://t.co/K9LzswyPOz pic.twitter.com/QgaTqSvKyO
No es el primer pedido contra el ministro de Defensa
El asambleísta de Revolución Ciudadana, Héctor Valladarez, presentó una solicitud de juicio político contra el ministro Loffredo. El legislador argumentó que este incumplió funciones establecidas en varios artículos de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Pública y del Estado en relación con la desaparición forzada de los cuatro menores de edad del sector de Las Malvinas, en Guayaquil.
La petición fue conocida por el pasado 28 de diciembre por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que solicitó a la Unidad Técnica Legislativa los respectivos informes técnico-jurídicos no vinculantes sobre el cumplimiento de requisitos. Estos deberán remitirse en un plazo máximo de tres días.
Contexto de las desapariciones y declaraciones de Loffredo
El caso tomó relevancia luego de que, el 23 de diciembre de 2024, en la Asamblea Nacional se presentaran imágenes del ECU-911 que mostraban a 16 militares deteniendo a los menores. Esto contradijo las declaraciones iniciales del ministro, quien había negado la participación de las Fuerzas Armadas y desestimado las denuncias, calificándolas como una estrategia para "hacerle juego al crimen organizado".
Días después, el ministro cambió el tono de sus declaraciones y argumentó, que los niños estaban involucrados en actos delictivos. Estas declaraciones desencadenaron una campaña de estigmatización en redes sociales contra las víctimas y sus familias, que luego fueron descartadas como noticias falsas.
