Derechos humanos y vida digna, un grito por los reos

El gobierno de Guillermo Lasso prepara, a través del directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, las políticas públicas que encaminarán nuevas rutas para la crisis penitenciaria que ha dejado dos masacres los últimos meses, y que el expresidente Lenín Moreno calificó de insostenible antes de irse, dejando un presupuesto de 88 millones de dólares.

La Constitución de la República reza que las personas privadas de libertad son un “grupo prioritario” y son responsabilidad del Estado. En ese sentido, y tras el exhorto de la Corte, este Diario recoge, en la voz de expertos de la academia, nacionales y extranjeros, cuál debe ser la ruta a seguir para un verdadero cambio dentro del sistema penitenciario.

• Combatir el ocio

1.El primer paso es la voluntad política, defiende el criminólogo salvadoreño Ricardo Sosa, master en criminología y quien ostenta un postgrado en criminología y psicología forense, y ciencias forenses. Allá, el Gobierno, el Ministerio de Justicia y la Dirección de centros penales establecieron las bases de un modelo penitenciario, cuyo eje principal es el “cero ocio carcelario”, que consiste en que ningún recluso esté fuera de los programas de rehabilitación. “Esto permitió retomar el control, algo que no había existido en el pasado ni en el presente”.

• Inteligencia

2.Este Diario conoce por fuentes cercanas a los reos que hay indicios de corrupción. Esto ha sido confirmado por asesores de seguridad dentro del país. Sosa dice que combatir ese paso es importante. “La corrupción de los centros es un eje transversal y uno de los factores que deben combatirse, y detectarse a través del personal carcelario, tanto de guías como técnicos”. Señala que la mayoría de países en América latina tiene marcos jurídicos acordes a la realidad del territorio. Y concluye al respecto que, entonces, “no son las leyes. Es la ausencia de su cumplimiento. La corrupción y la impunidad son parte de un sistema mafioso”. Romper las redes de corrupción con una inteligencia efectivista es parte de las soluciones, dice.

La rehabilitación

3.“No puede haber reducción de crisis carcelaria sin tratamiento psicológico, cultural, familiar y educativo de la población penitenciaria. Un preso no es un animal”. Habla para EXPRESO Rubén Castro, director del Instituto de Criminología Julio Endara, de la Universidad Central, una de las instituciones académicas fuertemente ligada al desarrollo del sistema penitenciario ecuatoriano. La entidad, de hecho, formó parte del directorio del Consejo de Rehabilitación Social hace más de una década, pero dejó de hacer equipo por decisión del Gobierno. Para muchos, lee, el problema se reduce a temas de seguridad interna, pero estos empiezan, en realidad, con la falta de propuesta de una política criminal y criminológica. “Estas cuestiones han sido abordadas por una visión estrictamente policiaca, que ha devenido en un fracaso rotundo, como podemos ver”. Castro cree que “estamos de tumbo en tumbo por no entender que no es esa la visión que debemos adoptar”, pues, dice, “la criminalidad no se puede reducir a un combate de policías y ladrones, porque la delincuencia no es solo un problema de maldad o de bondad, sino que tiene varios factores de riesgo, una complejidad social que vulnera a esos actores y los empuja a escenarios delictivos. Mientras no se trate ese problema medular, no cambiará nada. Lo principal es entender que quienes estén encerrados no merecen condiciones de absoluta angustia e inactividad. Hay que buscar la habilitación laboral que permita, incluso, autofinanciar las prisiones”.

El personal

4.En las cárceles de Ecuador, agrega Castro, solo hay guardias con criterios tremendamente reducidos de qué es lo que debe hacerse, pues se dejaron de lado equipos profesionales con los recortes del presupuesto. Hacen falta equipos multidisciplinarios para el tratamiento de los delincuentes. “Al país le falta una actitud de sinceramiento de las realidades. Trabajamos sobre apariencias”. Para aquello señala a la academia como uno de los más importantes aliados “para hacer entender los problemas que el poder político no entiende”.

La experiencia

5.May Benalcázar es activista y comunicadora. Trabajó en la Penitenciaría por diez años, en un proyecto social que llevó a cabo con el presidente de internos. Ella aconseja a la autoridad mirar la experiencia. Para llevar a cabo una verdadera rehabilitación con garantías de derechos humanos, es preciso coordinar una agenda, recoger los proyectos y las necesidades de los reos, recomienda. “Hay que volver a sentarse a la mesa. El diálogo es con los actores. Mucha gente se ha pronunciado, con clases de cómo volver un lugar seguro las cárceles, pero es necesario dialogar con guías penitenciarios, exprivados de libertad, psicólogos...”. En el tiempo que estuvo hubo huertos, escuelas... “En el gobierno de Moreno se produjo un shock al interior de los centros. Los cambios institucionales tuvieron repercusiones. Se eliminaron proyectos, hubo modificación en el sistema y se bajó el presupuesto. Allí empezaron los conflictos”, explica.