Derrame en Esmeraldas: Dudas por las indemnizaciones se esparcen entre perjudicados

A tan solo cinco kilómetros de la zona cero del desastre que el 13 de marzo sacudió a Esmeraldas, los moradores del recinto Río Caple, en el cantón Quinindé, enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre y el temor. La ruptura de la tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) no solo ha contaminado el entorno, sino que ha puesto en jaque la vida de aproximadamente 50 familias que dependen de la agricultura para subsistir. En este rincón de la provincia verde, donde el río Caple atraviesa la comunidad, el olor a hidrocarburo se ha convertido en un recordatorio constante de la tragedia.

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Río Caple es un recinto donde el cacao, el maíz y el plátano verde florecen en fincas dispersas, pero la reciente crisis ha transformado este paisaje agrícola en un escenario de desolación. Los agricultores de la zona han dedicado años de esfuerzo y dedicación a cultivar sus tierras, pero ahora se enfrentan a una realidad devastadora. Mariano Viteri, un agricultor con ocho hectáreas de cacao, es uno de los muchos afectados. Desde el día del derrame, dejó de cosechar. “El olor a hidrocarburo es penetrante”, confiesa. “Tratamos de salvar algo de producción, pero no pudimos permanecer mucho tiempo en el sitio porque nos dio mareo; un trabajador empezó a vomitar y a sentir picazón en los ojos”, relata.

Con más de 5.000 plantas de cacao en plena producción, el temor de Mariano no es solo por las pérdidas inmediatas, sino también por el futuro de su tierra. “Después de esto, la tierra se muere, queda infértil”, dice con angustia. La incertidumbre se cierne sobre él: “Nadie se ha comunicado con nosotros. Dicen que la prioridad era arreglar la tubería; ya lo hicieron, ahora estamos esperando que nos indemnicen”.

La situación de Mariano es solo una de muchas. En una finca vecina de 24 hectáreas, el daño es aún más devastador. El dueño, quien prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, ha perdido 14,000 plantas de cacao que antes vibraban con vida. “Eran las 17:30 cuando un trabajador me llamó, alertando de la ruptura. Llegué rápidamente, pero apenas me acerqué al lugar, el fuerte olor me hizo marear y tuve que alejarme. Todo lo hemos perdido”, relata con voz entrecortada, mientras sus ojos reflejan impotencia.

Pese a estar en la zona cero del desastre, este agricultor tampoco ha recibido información sobre cómo, dónde ni cuándo se le compensará por las pérdidas. “Es una situación desesperante. Todos los días me despierto con la esperanza de que alguien nos dé una respuesta, pero solo hay silencio”. La angustia se ha apoderado de su hogar, donde el miedo a la inacción se siente en cada rincón.

Petroecuador, la empresa estatal responsable del oleoducto, ha activado un plan de contingencia que incluye compensación e indemnización. Sin embargo, el proceso está plagado de ambigüedades. Se basa en criterios ambientales, sociales y agrícolas, pero los afectados sienten que la falta de información es abrumadora. “Nos dicen que todo depende de un informe técnico, pero eso puede tardar mucho tiempo”, explica Luis Cacay, un miembro de la comunidad.

Petroecuador ha informado que la elaboración de este informe es crucial para iniciar las conversaciones con la comunidad. Sin embargo, la frustración crece entre los agricultores, quienes han visto cómo en el pasado la empresa no ha cumplido sus compromisos tras otros derrames. “Han pasado cuatro incidentes en esta zona y nunca hemos recibido lo que nos prometieron”, señala Felipe Herrera, líder comunitario.

La ministra de Energía, Inés Manzano, indicó que las compensaciones variarán según las circunstancias de cada familia. “Si usted está con personas de la tercera edad, con niños o en zonas alejadas, hay una serie de aristas que aumentan las posibilidades de ayuda”, explica. Sin embargo, para muchos, esta información llega demasiado tarde. La angustia por la falta de un ingreso estable ha llevado a algunas familias a considerar la venta de sus tierras, un acto desesperado que podría significar la pérdida de su forma de vida.

La población de Río Caple, que antes se unía en festividades y celebraciones, ahora se encuentra dividida por el miedo y la incertidumbre. Las conversaciones en las casas giran en torno a la crisis, mientras los niños juegan en un entorno que ha perdido su vitalidad. “Es triste ver cómo los niños ya no corren y juegan como antes. Ahora solo hay preocupación en sus rostros”, comenta María Morales, una madre de familia que cultiva maíz en su pequeña parcela.

Mientras tanto, el proceso de remediación ambiental está en marcha. Manzano ha detallado que hay tres fases en esta emergencia: la contención del crudo, las acciones de remediación y, finalmente, el proceso de compensación. Sin embargo, los agricultores de Río Caple sienten que estas fases son solo palabras vacías sin un compromiso claro.

El futuro de Río Caple es incierto. Las familias que han vivido en la zona durante generaciones se enfrentan a la posibilidad de perder no solo sus tierras, sino también su forma de vida. La agricultura, que ha sido el pilar de su economía, se encuentra en peligro, y la falta de información sobre la compensación solo ha aumentado la ansiedad. “Cada día es una lucha por sobrevivir”, dice María, mientras observa a sus hijos jugar en el patio. “No sé qué haremos si no recibimos ayuda. Esta tierra es todo lo que tenemos”. La comunidad se aferra a la esperanza de que las autoridades tomen medidas rápidas y efectivas para remediar la situación. Sin embargo, la desconfianza persiste, y muchos sienten que están solos en su lucha.

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