Ordenan desalojo contra un juez por tumbas con restos de dos culturas ancestrales
La Corte Indígena emitió dos sentencias a favor de comuneros. Se espera el informe de inspección de Patrimonio Cultural
Tras el hallazgo de tolas (tumbas ancestrales) en tierras del cantón Balao, provincia del Guayas, la Corte Nacional de Justicia Indígena (CNJI) se pronunció a favor de agricultores del sector, para evitar más saqueos e invasiones que se han detectado; entre ellas, las de un supuesto funcionario de la justicia ordinaria.
Mediante sentencias, el presidente de la CNJI, Manuel Peñafiel, entregó a los comuneros del recinto San Carlos las 1.500 hectáreas que comprenden las haciendas Santa Rosa y Santa Rita, donde se hallaron restos arqueológicos de las culturas Milagro-Quevedo y Jambelí, que datan de hace 100 años antes de Cristo y 1.500 d.C.
Según el funcionario, lo hizo amparado en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial “para proteger los hallazgos arqueológicos”, que se vienen realizando desde marzo de este año, en tiempos de pandemia.
Las resoluciones no solo amparan los restos encontrados en Balao sino los de Cerro Azul, en el Puerto Principal, donde -según Peñafiel- existen mil tumbas ancestrales que están siendo invadidas.
Se conoce que el Registrador de la Propiedad de Guayaquil ya acató una de las sentencias, lo que no ha sucedido con su similar de Balao, lo que ha generado una denuncia en la Fiscalía por el desacato. Tampoco lo ha hecho la Alcaldía de ese cantón.
Lo insólito es que han detectado que un juez del área Penal del cantón Machala, provincia de El Oro, habría invadido 50 hectáreas en una zona donde hallaron oro, plata y diamante.
“Hemos mandado a Asuntos Indígenas que convoque a la presidenta del Consejo de la Judicatura para que explique cómo este juez de la provincia de El Oro está en la provincia del Guayas invadiendo terrenos ancestrales”, dice Peñafiel.
Dentro de una de las sentencias se indica que el servidor judicial alegó ser propietario de una parte de ese territorio ancestral, lo que no fue aceptado y se ordenó su desalojo, al igual que el resto de personas que están asentadas en 413,45 hectáreas de la hacienda Santa Rita.
Si bien el fallo es apelable ante la Corte Constitucional, el presidente de la CNJI, asegura que no fue impugnado por ninguna de las partes, dentro del plazo establecido por la ley(3 días después de la notificación). La resolución fue entregada el pasado viernes y el martes fue ejecutoriada. Se espera que personal de la Intendencia del Guayas disponga de comisarios para que, junto con personal policial, acudan al sector y procedan al desalojo.
EL DETALLE
Réplicas. Entre las piezas halladas en la inspección se encontraron réplicas que, según los habitantes, las exhibieron para comparar con las enterradas.
INSPECCIÓN
Una zona sensible
El pasado 9 de julio, un experto del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural acudió al recinto San Carlos, donde se constató que es un sector sensible arqueológicamente. “En superficie y bajo el suelo existe evidencia que ratifica el asentamiento de antiguas sociedades; es por ello que, cada vez que se realiza remoción de suelos o excavaciones (...) los habitantes encuentran vestigios arqueológicos”, dice el INPC.
