Niños desaparecidos en Guayaquil: ¿Qué saben y qué han hecho las autoridades?

Tres familias están desesperadas buscando a: Steven Gerald Medina Lajones, de 11 años; Josué Didier Arroyo Bustos, de 14 años; a Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de 15 años y a Nehemías Saúl Arboleda Portacarrero, de 15 años.

Ellos salieron de sus casas en grupo la noche del 8 de diciembre para jugar fútbol en el sur de Guayaquil. Ahí fueron interceptados por personal militar y subidos a una camioneta con rumbo desconocido según los testimonios divulgados.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) está patrocinando a dos familias, mientras que la restante tiene su abogado particular. Todos ellos están pendientes de las novedades sobre sus allegados y su paradero.

La reacción de la Fiscalía y del Bloque de Seguridad

Este sábado 21 de diciembre, la Fiscalía informó que el caso, fue trasladado a Quito y quedó a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza.

Por la noche, integrantes del Bloque de Seguridad realizaron un pronunciamiento en el que se defendieron de los señalamientos e indicaron que este hecho no debía ser utilizado con fines políticos. Sin embargo, no ofrecieron información concreta sobre el paradero de los menores ni sobre los responsables.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, rechazó que se pretenda “involucrar a las Fuerzas Armadas” con grupos de delincuencia organizada. En su discurso, argumentó que calificar el hecho como desaparición forzada equivale a “hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias”, y que esto intenta debilitar la institución.

Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, cuestionó la afirmaciones de que los militares tengan relación con desaparición. Señaló que “se descarta cualquier participación en hechos posteriores a la referida intervención y que serían causa de la desaparición” ponderó.

Vela también aseguró que no descansará hasta ofrecer una respuesta “que merece” el padre de familia y el país en general. Añadió que se ha conformado un tribunal de disciplina militar para determinar responsabilidades, conforme a las leyes y reglamentos militares.

En tanto, el comandante de la Policía Nacional, general Víctor Zárate, recordó que la investigación penal por el caso de los menores está a cargo de la Fiscalía y se mantiene de manera reservada.

Los señalamientos de Derechos Humanos

Billy Navarrete, representante del CDH, cuestionó este domingo 22 de las declaraciones de Loffredo y reiteró que el caso debe tratarse como una desaparición forzada, ya que los menores estaban en manos de los militares y se van a cumplir 15 días lejos de sus familias.

“Si los menores habían cometido alguna infracción y estaban en flagrancia, no había que cargarlos paseando en el carro militar. Debían ser entregados a la Fiscalía, a la Dinapen (Policía de menores de edad) o, en el último de los casos, a la Policía Nacional. No hay argumento para llevarlos a una base militar, pasearlos o golpearlos”, enfatizó.

Navarrete calificó como una "impertinencia" las declaraciones anticipadas de las autoridades de las Fuerzas Armadas para defender la institución y señaló que no les corresponde a ellos exonerarse de los hechos, ya que es competencia de la Fiscalía establecer las responsabilidades con las pruebas pertinentes.

Acciones realizadas y agenda

Este domingo 21 de diciembre, delegados del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) visitaron a las familias de los niños desaparecidos. Les ofrecieron bonos económicos y kits alimenticios, además del reclamo judicial que se tramita en la Fiscalía General del Estado.

Para este lunes 22 de diciembre, se ha organizado un plantón en el centro de Guayaquil desde las 08:00 para exigir respuestas. A las 11:00, los familiares tienen programada una reunión con delegados de la Defensoría Pública para recibir asesoría legal y avanzar en la búsqueda de los menores. Finalmente, a las 12:30 deberán comparecer de manera virtual en la mesa de justicia de la Asamblea Nacional.

¿Cómo fue el caso?

Los menores salieron de sus casas que se ubican en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil la noche del 8 de diciembre para jugar fútbol. Poco tiempo después, interceptados por personal militar y subidos a una camioneta con rumbo desconocido.

El padre de dos de los menores denunció ante los medios de comunicación que, tras enterarse del hecho, pudo comunicarse con uno de sus hijos, quien le relató que un hombre que los tenía les dijo que se los habían llevado hacia Taura, una zona a unos 30 kilómetros de Guayaquil donde se encuentra una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El adolescente le contó que militares los golpearon para después dejarlos tirados y desnudos en una zona alejada. Tras esto, los familiares se contactaron con la Policía, pero cuando los agentes llegaron al lugar, no encontraron a los menores.

Poco después, volvieron a recibir una llamada desde un número desconocido. Esta vez, fueron cuestionados por haber acudido a la Policía y les advirtieron que “la mafia” ya se los había llevado.

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