Reforma penal de Daniel Noboa: Así se descuajeringa la ley
El incremento de penas propuesto por Noboa desbarata toda dosimetría. La Asamblea lo debatió plantarle cara
La propuesta del presidente Daniel Noboa para incrementar las penas de los delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico es antitécnica y desproporcionada, echa abajo la coherencia del sistema penal y puede resultar contraproducente. En la Asamblea muchos lo saben, pero nadie se atreve a decirlo de frente: resultaría demasiado impopular. El proyecto de ley para la aplicación de la consulta y el referéndum del pasado 21 de abril fue tratado este martes en segundo debate en sesión virtual, y en el Pleno se multiplicaron los esfuerzos por atenuar su populismo penal, pero tratando de que nadie se dé cuenta.
El problema de la proporcionalidad en las penas
El incremento de penas fue aprobado por el voto popular pero el cómo y el cuánto quedó a discreción del presidente de la República, que debía elaborar un proyecto, y de la Asamblea Nacional, encargada de debatirlo y aprobarlo. El problema es que, puesto a la tarea, Daniel Noboa procedió con mano floja, ajeno a todo sistema de proporciones y sin ningún criterio de aquello que los especialistas en la materia llaman dosimetría penal. El resultado fue el que describió el penalista Pablo Encalada, a quien la Asamblea recibió en comisión general antes de abrir el debate: según la propuesta de Noboa, que pasó intacta al Pleno, la minería ilegal resulta ser más grave que el asesinato; este, igual de atroz que el genocidio; el porte de armas, peor que la adscripción a una organización criminal; y el tráfico de armas se castiga con más severidad que el sicariato. Si usted está vendiendo ilegalmente una pistola y un policía lo pesca, mátelo con esa misma arma: le saldrá más barato. Porque sin proporcionalidad (lo dijo Encalada ante el Pleno y lo había dicho la fiscal Diana Salazar ante la comisión que conoció el proyecto) la ley penal pierde su función disuasiva o preventiva.
El papel de la comisión multipartidista
Estas cuestiones habían sido profundizadas en la comisión que preside el socialcristiano Carlos Vera y que, por un mandato de la Corte Constitucional (en la sentencia de diciembre de 2023 que aprobó las preguntas de la consulta), había asumido la obligación de velar por la aplicación del criterio de proporcionalidad. Varios especialistas, entre ellos la fiscal, les habían explicado la importancia de una dosimetría penal coherente. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo contó la correísta Patricia Mendoza, integrante de la comisión: habían elaborado un proyecto de consenso, lo habían distribuido entre los miembros, se habían reunido para discutirlo, lo había leído durante tres horas el secretario de la comisión y en eso estaban cuando el presidente Noboa publicó un comunicado en las redes sociales. Ese comunicado lo cambió todo.
“En mi gobierno nos jugamos la vida…”. La primera frase marcaba el tono de lo que vendría. En ese comunicado, el presidente de la República acusaba a los miembros de la comisión de legislar en beneficio de los delincuentes, por el hecho de que se disponían a aprobar un incremento de penas menor al que él había propuesto. Lo que ocurrió después, según el relato de Mendoza (y nadie la desmintió) es escandaloso: la comisión procedió a votar otro texto distinto al que habían elaborado y conocido y del que nadie volvió a hablar (ni siquiera Mendoza). Ese nuevo texto contenía la propuesta del presidente en su totalidad.
El debate en la Asamblea Nacional
Ahora, ante el Pleno reunido para conocer el informe aprobado, el ponente Carlos Vera exhibe un cuadro de Excel en el que se ha preocupado por mostrar cómo cada propuesta de incremento de penas enviada por Noboa, delito por delito, ha sido puntillosamente respetada y acogida por la comisión. Y solamente al final, como quien no quiere la cosa, deja caer tímidamente: “Es necesario revisar la dosimetría penal”. Es decir: es necesario echar a la basura todo lo expuesto. Esa es la postura del socialcristianismo (la defendió también Vicente Taiano): es necesario revisar la dosimetría. Pero propuestas concretas de revisión, ninguna. Ni de su parte ni de parte del correísmo, que por momentos parece dispuesto a secundar esta postura. Aquí nadie se atreve a plantarle la cara al populismo penal.
En cuanto a los demás, apoyan sin objeciones la propuesta de Noboa. Incluso Construye lo hace: que en el proyecto se ha “aplicado la dosimetría de forma absolutamente coherente”, desvaría Jorge Peñafiel, asambleísta de esa bancada. Qué no decir de los oficialistas: “No es momento de hablar de proporcionalidad ni de dosimetría”, proclamó Steven Ordóñez, de ADN, “porque a una madre que ha perdido a su hijo no le puedo decir que vamos a aplicar la dosimetría”. Ese es el nivel del debate.
Ahora la pelotita la tiene otra vez la comisión, que deberá procesar los aportes del debate. Pero aportes, lo que se dice aportes, no hubo ningún otro que la generalidad socialcristiana: “hay que revisar la dosimetría”. Eso implica sentarse ante la lista de delitos contenidos en el proyecto y rebajar las penas propuestas por Noboa con el fin de guardar las proporciones. O reformar el Código Penal entero. ¿Alguien se atreve?
