Desechos infecciosos fueron mal manejados
La empresa metropolitana de residuos sólidos pagó $ 137.469 en exceso a una contratista. Fueron tres años de falencias
Fallas en la gestión de los desechos sanitarios peligrosos que se generan en Quito. Es la principal conclusión a la que llegó la Contraloría General, luego de auditar cuatro contratos para la recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios. Su informe DNA5-GAD-0005-2022 fue aprobado el pasado 14 de enero.
Los acuerdos que suman $ 2,6 millones fueron firmados entre la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) y las compañías Avcorp y Ecuambiente Consulting entre agosto de 2016 y diciembre de 2020, en las administraciones de Mauricio Rodas y Jorge Yunda.
La Contraloría encontró procedimientos defectuosos en los contratos 031-EMGIRS-EP-GGE-CJU- 2016, EMGIRS-EP-GGE-CJU-20L7- 049 y sus complementarios, de Avcorp. Determinó que durante tres años el material infeccioso, como gasas, torundas, bajalenguas, apósitos, jeringas sin agujas, guantes, material cortopunzante, etc., se manejó con manifiestos únicos de entrega, transporte y recepción incompletos.
Sin estos documentos oficiales, la Emgirs no tenía forma de conocer la trazabilidad de los desechos. Es decir, no se logró establecer el camino que siguieron los restos durante su recolección en los hospitales.
El representante legal de Avcorp argumentó a la Contraloría que en esa fecha “por toda la falta de conocimiento de los usuarios que entregaban sus desechos” se realizaron reuniones entre los ministerios del Ambiente y Salud, y las alcaldías, con la idea de generar un reglamento para la gestión de residuos y pulir el control.
La Contraloría respondió que el manifiesto único era responsabilidad de las casas de salud, el transportista y la Emgirs, por lo tanto, no aceptó esa justificación.
En Quito, la planta de la Emgirs tiene capacidad para procesar 1.000 kilogramos por hora de desechos hospitalarios.
Su tratamiento consiste en la esterilización de los residuos infecciosos mediante la aplicación de alta temperatura y presión. Esto permite eliminar bacterias, gérmenes, virus...
Finalmente, tras pasar este proceso, los residuos son depositados en una celda asignada para este fin, dentro del relleno sanitario El Inga.
El recorrido hasta la planta, es decir de qué hospital salió, qué cantidad, etc., debía quedar por escrito en el manifiesto único. Para la Contraloría, este mal procedimiento hizo que se perdieran recursos públicos.
La empresa metropolitana pagó en exceso $ 133.650, “al no haber descontado las multas por este incumplimiento, en las planillas de pagos a las contratistas”, según el documento.
Este Diario solicitó la semana pasada una entrevista con la Emgirs, pero hasta el momento no se ha concedido.
Además, en el informe, el equipo auditor estableció que los camiones recolectores salieron de sus rutas y trasladaron material que no debían. Por ejemplo, en las bitácoras, control de movimientos y cadena de custodia se detalla que hospitales de las parroquias Sangolquí y San Rafael, en el cantón Rumiñahui, situado a 9 kilómetros de la capital, enviaron su material sanitario.
Al estar fuera del perímetro urbano de Quito, se hicieron pagos adicionales por $ 3.819.
En total, la pérdida de recursos fue de $ 137.469.
La actual gerente de la Emgirs, Silvana Hernández, además de estos hallazgos de la Contraloría, debe enfrentar otro problema por el manejo de los lixiviados, que son líquidos sumamente tóxicos que se desprenden de la degradación de la basura orgánica.
La Fiscalía investiga un posible delito ambiental, mientras que el Ministerio del Ambiente multó a la entidad en enero con $ 127.500 por infracciones graves contra el ambiente.
