Desencuentros y fisuras institucionales marcaron a las entidades durante 2020
Organismos como el Consejo de Participación no encontraron el rumbo y se insiste en su desaparición
Un año en el que la reinstitucionalización no terminó de cuajar. Por el contrario, varias entidades del Estado mostraron durante 2020 su fragilidad desencadenando pedidos de reestructuración y, en algunos casos, hasta su eliminación desde varios sectores de la sociedad.
El confinamiento por la pandemia exacerbó el malestar al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se dividió en dos facciones (hombres y mujeres), y a finales de agosto las sesiones virtuales del organismo eran casi imposibles de instalar o, si se lo hacía, terminaban abruptamente por decisión del entonces presidente, Christian Cruz.
En octubre, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Cruz por haber accedido a un carné de discapacidad usando mecanismos presumiblemente irregulares y asumió la presidencia del cuestionado organismo Sofía Almeida. Con este cambio, el ambiente ha mejorado apenas en algo, pero se mantienen las discrepancias con los consejeros que actuaron haciendo mayoría con Cruz.
A la par, el Legislativo viene tramitando una reforma parcial a la Constitución, enviada por el Comité por la Institucionalización Democrática, para eliminar definitivamente al CPCCS de la estructura del Estado.
Pero la propuesta de este colectivo ciudadano también alcanza a la actual configuración de la Asamblea a la que se propone convertir en bicameral, idea que no caló entre la mayoría de los integrantes de la Comisión de Enmiendas que, para el informe de segundo debate, colocaron esta posibilidad como un anexo, más no como una recomendación.
La reticencia de la Asamblea a renovarse llega en un momento en el que, según una encuesta de Cedatos, de inicios de este mes, contaba con una credibilidad de apenas el 2 %, influenciada no solo por los casos de corrupción, sino también por la falta de celeridad a la hora de aprobar leyes y los desacuerdos entre los legisladores.
El Consejo de la Judicatura (CJ) también llevó su drama en este 2020. En pleno concurso para designar a 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) renunció uno de sus vocales, Jorge Moreno, aduciendo motivos personales, lo que generó varias especulaciones en medio de un concurso que también ha sido cuestionado.
En ese marco, buscar al reemplazante de Moreno se convirtió en una tarea complicada que incluso escaló a instancias judiciales. A mediados de este mes, el presidente Lenín Moreno demandó al CPCCS, que consideró que en este momento no cabía escoger a ninguno de los nombres de la terna enviada por el Ejecutivo. Esto fue considerado por el mandatario como un intento de vulneración de los derechos constitucionales.
La fractura alcanzó al Ejecutivo y Legislativo
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo también tuvo sus altibajos en estos doce meses. Proyectos de ley enviados desde la Presidencia, como el de Apoyo Humanitario, sufrieron cambios en más del 70 % de su contenido. El presidente Moreno también vetó parcial o totalmente normativas trabajadas por los legisladores como el Código de Salud.
El momento más álgido entre ambos organismos se vivió a finales de noviembre cuando con 104 votos se censuró y destituyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las violentas protestas de octubre de 2019.
El presidente Moreno respaldó en cada etapa del juicio político a la funcionaria, quien se convirtió en la principal vocera en algo más de dos años que formó parte de su administración.
Vicepresidencia: los cambios no pararon
Capítulo aparte es el de la Vicepresidencia de la República que, como ha sido una constante durante el mandato del presidente Moreno, tuvo cambios.
A mediados de julio María Alejandra Muñoz fue escogida de la terna enviada por el primer mandatario a la Asamblea Nacional para reemplazar a Otto Sonnenholzner, quien presentó su renuncia a inicios de ese mes para supuestamente arrancar su camino electoral, algo que finalmente no sucedió.
El cuarto cambio en la Vicepresidencia implicó que al interior de esta entidad empiece un nuevo proceso de reestructuración que, según información proporcionada a EXPRESO, implicará un ahorro del 11 % con relación al presupuesto asignado a su antecesor. Esto incluye la reducción de un determinado número de funcionarios.
