Designación de autoridades: ¿Las elecciones 2025 marcaron el ritmo del CPCCS?

En la Fiscalía, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura hay autoridades prorrogadas. ¿Qué tienen en común estos casos? Todas esas autoridades deben ser designadas por concursos a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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La actual conformación del CPCCS inició su trabajo en mayo de 2023. Se acerca a los dos años en funciones. En ese tramo, cinco vocales fueron destituidos. También hubo tres presidentes de la entidad y se reveló el caso Ligados. Este último puso en evidencia la influencia política en esa entidad.

Pero en este último tramo, bajo la presidencia de Andrés Fantoni, el Consejo de Participación también ha ensayado justificaciones sobre los retrasos en los concursos. 

Primero, tras la salida de los exconsejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, la entidad se quedó sin suplentes posesionados. Eso dejó al organismo con seis de los siete vocales que lo conforman.

Entonces, Fantoni habló de que esa ausencia incidía en el avance. Esta semana, tras la posesión de David Rosero, el argumento cambió. Ahora, el problema es el reglamento para la designación de las comisiones ciudadanas de selección.

¿Por qué no se lo cambió antes?

El presidente del CPCCS argumentó que la inestabilidad incidió en esa reforma. Fantoni detalló hechos ocurridos entre el 27 de diciembre de 2024 y el pasado 23 de abril, cuando se principalizó Rosero. “La reforma fue planteada e inició su trabajo a finales de 2024 a través de mesas técnicas, pero no se concretó por la salida constante de consejeros”, dijo.

Las reformas se harán con mesas técnicas. Según Fantoni, se corregirán vacíos como la falta de tiempos que los comisionados tienen para concluir las fases de los concursos. “Actualmente no hay límites, lo que ha incentivado la dilatación de los concursos”, mencionó.

Otro punto será el acelerar la integración de las comisiones ciudadanas. “La reforma acabará con herencias de administraciones pasadas que no han pagado dietas de los comisionados, por la ausencia de un mecanismo claro”, sostuvo Fantoni.

Desde la perspectiva de analistas, el tema no tiene que ver solo con la inestabilidad ni el reglamento. Para el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel, y el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas Chaves, el tema tiene que ver con los tiempos políticos.

¿Qué pasaba entre diciembre de 2024 y abril de 2025?

Estaba en curso el proceso electoral para definir al nuevo presidente de la República. “Lo que se evidencia es que falta decisión política. El Consejo lo que esperó fue tener los resultados de las últimas elecciones para ver cómo en ese momento se acomodaba y, a partir de ello, decidir cómo actuar”, señaló Espinel.

Rodas Chaves manifestó que “es evidente que no se aceleraron las designaciones con pretextos que solamente eran justificativos para actuar sobre el contexto político”.

Sobre esto, la consejera Nicole Bonifaz respondió a EXPRESO: “Es probable. No puedo afirmarlo, pero creería que eso no solo lo estaban esperando los consejeros, sino la misma Procuraduría y la Asamblea”.

¿Por qué Bonifaz habla de la Procuraduría y la Asamblea?

Para definir la posesión de los suplentes del CPCCS, en el Legislativo estaba en duda si Rosero debía asumir el cargo. Esto después de que fue destituido en enero de 2023. La Asamblea envió la consulta a la Procuraduría en febrero pasado y la respuesta llegó en abril.

La vocal también dijo que el argumento de un Pleno incompleto no tenía base para justificar el retraso en los concursos. Añadió que ahora se espera que se destraben los procesos pendientes, ya que hasta el momento solamente se ha designado a autoridades que se eligen de ternas y no por concurso.

Pero para María Fernanda Rivadeneira, exvicepresidenta del CPCCS, también existe responsabilidad en la presidencia del Consejo. “Una vez que se aprueba algo en el Pleno, la parte administrativa recae en la presidencia. Por ejemplo, quien convoca a la ciudadanía para las veedurías es la Secretaría de Participación. Después, la capacitación y acreditación es un tema administrativo”, precisó.

Finalmente, esta situación pone nuevamente en debate el futuro del CPCCS. La directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, manifestó que todos estos elementos dan muestras de la necesidad de eliminarlo. “No hay pretexto válido para el retraso y la irresponsabilidad de este organismo”. También cuestionó el que tampoco ha cumplido con la lucha anticorrupción.

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