Designación del nuevo subcontralor es cuestionado desde la Asamblea Nacional
Luis Almeida señala de ilegal las decisiones que toma Pablo Celi desde la cárcel. La Contraloría designa a Carlos Riofrío González como subcontralor del Estado
Tras la designación del nuevo subcontralor general del Estado, el asambleísta Luis Almeida, del bloque PSC, pide analizar de manera urgente las actuaciones del contralor (s) Pablo Celi de la Torre, procesado por presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres, y está detenido en la cárcel 4 de Quito.
El pasado viernes 25 de junio de 2021, la Contraloría General del Estado (CGE) informó mediante un comunicado de la designación de Carlos Alberto Riofrío González, un servidor de carrera de la entidad, como subcontralor general del Estado, quien subrogará en sus funciones a Celi, en caso de ausencia temporal o definitiva.
Aunque en el documento no se indica expresamente quien designó a Riofrío, se señalan normas y reglamentos como el artículo 33 de la Ley Orgánica de la CGE, que hace referencia a la designación de la segunda autoridad del organismo, por parte del contralor del Estado.
“El país está exigiendo fiscalización, respuesta inmediata. Creo que hay que hacer todas las fiscalizaciones urgentemente, tanto del (ex) ministro de Energía como del señor que funge de contralor, que no fue posesionado aquí en la Asamblea Nacional, sino que lo encargaron. Acaba el señor de nombrar un subcontralor general a un director nacional de seguridad social, que para ser el subcontralor cuando (...) esto lo podía hacer solo (el excontralor Carlos) Pólit, tenía que primero nombrárselo subcontralor de responsabilidades y lo ha nombrado directamente subcontralor general”, cuestionó Almeida en el pleno de la Asamblea, el pasado viernes 25 de junio de 2021. Esto, dentro del marco del análisis de juicio político al exministro de Energía, René Ortiz.
Carlos Riofrío reemplaza a Valentina Zárate, quien presentó su renuncia irrevocable a la entidad, el pasado 21 de junio de 2021. “Se viven momentos tensos que impiden y limitan el cumplimiento de mis altas responsabilidades; y, el hecho de quedarme en condiciones tan complejas -como las que atraviesan a la Contraloría- podría empañar mi legítima capacidad técnica de trabajar por el país desde este organismo”, mencionó Zárate en su renuncia, que la hizo pública en su cuenta de Twitter.
Zárate fue encargada de la Contraloría el 14 de abril de 2021, por la licencia sin sueldo que pidió Celi y que terminó el 12 de junio, fecha que asumió nuevamente el cargo y, aparentemente dirige la entidad desde la prisión.
Almeida sostiene que la designación de Riofrío es totalmente ilegal, porque “desde la cárcel no puede firmar nadie”. “Se requiere resolver qué hacer ahora con este subcontralor del subcontralor del subcontralor (...)”, señaló al insistir en que tiene que haber una resolución política rápida urgente del tema, “porque estamos perdiendo no solamente los 4.700 juicios que hizo la Contraloría y algo más y algunos salvados, y tampoco no despachados; sino que, además, esto resulta ser un gran negocio estar en esa Contraloría, de jefe me refiero, cosa que es totalmente preocupante para nosotros”, señaló el asambleísta al resaltar que su bloque está por la fiscalización total en el tema.
Un tema que también es tratado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, el pasado 23 de junio de 2021, exhortó públicamente a Pablo Celi a “renunciar al cargo, a fin de salvaguardar la institucionalidad del país. Esto, antes de que decurran los tiempos requeridos en la normativa vigente para la intervención directa del CPCCS”.
Según la entidad, la renuncia oportuna permitiría subsanar conflictos en el ámbito jurídico y moral, y devolvería la confianza de los ecuatorianos en la institucionalidad que los últimos años se ha visto seriamente trastocada. Además, permitiría que los servidores del CGE puedan cumplir con sus labores sin el temor de verse cuestionados.
En una entrevista radial, David Rosero, vicepresidente del CPCCS, manifestó que podrían existir tres salidas a la crisis que vive la Contraloría: La primera, la renuncia de Celi; la segunda, un juicio político; y, la tercera, que la Corte Constitucional dé seguimiento al dictamen 219 que “blindó” la ratificación del contralor hasta marzo de 2022. Esto, para que se pueda convocar anticipadamente el concurso que lo consideró una prioridad. Para ello, avanzan en el proceso sobre el reglamento necesario esa la designación.