A desmontar el legado de Terán
El Consejo de la Judicatura de Wilman Terán ya es un mal recuerdo. El desafío de sus sucesores es desarmar la estructura corrupta que dejó instalada.
Al fin se fueron todos, menos uno. Del Consejo de la Judicatura que presidió el pintoresco Wilman Terán quedan un puñado de causas penales, cuatro procesados, tres destituidos, dos presos... Maribel Barreno y Juan José Morillo, involucrados en un caso de tráfico de influencias, con audios escandalosos de por medio. Terán y su compinche Xavier Muñoz, juntos en la Cárcel 4 de Quito por presunto delito de obstrucción a la justicia que salpica también a Barreno, con grillete electrónico y otras medidas sustitutivas por la misma causa. Detenido días antes, en la madrugada de la operación Metástasis, Terán también está metido hasta las narices en la trama de la narcopolítica: su renuncia fue lo más decente que ha hecho desde que tomó posesión del cargo y lo único sensato. En suma: de los cinco integrantes titulares de ese organismo sólo hay uno, Fausto Murillo, que no está involucrado en nada sucio. El hecho de que sea precisamente a él a quien socialcristianos y correístas quieren echar a toda costa desde hace más de un año (de hecho, espera su turno para acudir al matadero del juicio político, pendiente desde la legislatura anterior), completa el cuadro de la lumpenización de la política y la justicia ecuatorianas.
¿Y ahora? Desmontar el legado de la administración Terán parece lo más sensato. Porque si esto es, como pretende demostrar la Fiscalía en tribunales, una estructura delictiva, lo que pretendía era tomarse todo el aparato. Como una metástasis, pues. Nomás hay que ver la lista completa de los que terminaron con grillete: el secretario del Consejo de la Judicatura, Andrés Brito; la subdirectora de Gestión de Procesos, Edith Luna; la jefa de monitoreo, María Alexandra Vaca; el subdirector de Control Disciplinario, Carlos Alfredo Garavi.
A partir de ahí, Wilman Terán pretendía levantar una estructura de alcance nacional: más de 730 personas fueron contratadas bajo su mandato entre enero y noviembre de este año. Personal administrativo para planta central y para provincias, juzgados y unidades administrativas... Fuentes del Consejo de la Judicatura consultadas por este Diario aseguraron que muchas de esas personas pagaron para obtener esos puestos de trabajo. Algo más de 600 de ellas tienen contrato y el centenar restante, nombramiento provisional. El desafío de desembarazarse de esa carga muerta pasa por una completa reingeniería administrativa, pues los nuevos funcionarios entraron a sustituir a otros que fueron trasladados sin ningún criterio técnico, a veces con la única intención de mantenerlos alejados.
Si eso ocurre en el área administrativa, en la judicial el problema es, por sus implicaciones, aún más grave. Los cambios de jueces de una sala a otra, de una unidad a otra, con el fin de incidir en los resultados de ciertos procesos (los que beneficiaron a Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano y hombre cercano a Jaime Nebot, y al actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, son algunos de los más notorios, pero no los únicos) fueron un procedimiento ordinario durante la administración de Terán y hoy constituyen un desafío para los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, que ni siquiera cuenta todavía con toda la información para enderezar esos entuertos.
Lo otro, lo de cajón, es más sencillo y el presidente temporal Álvaro Román ya está tardando: revocar la extensión de funciones hasta 2030 de los seis jueces prorrogados por Wilman Terán y Xavier Muñoz con la sola fuerza de sus dos votos; y activar la Dirección Nacional de Transparencia, encargada de investigar casos de corrupción administrativa, para abrir un expediente contra los dos jueces de la Corte Nacional que se encuentran involucrados en el caso Metástasis y cuyas oficinas fueron allanadas en el operativo de la madrugada del 14 de diciembre: Luis Rivera y Byron Guillén. Es una decisión que ni siquiera depende del Pleno, sino del presidente encargado.
El PSC odia a Murillo
El juicio político contra Fausto Murillo fue planteado el año anterior por el en ese entonces socialcristiano Luis Almeida, en el momento en que se activaba la alianza entre su partido y el correísmo para captar los organismos de control. Las causas: variadas y débiles (desde no proveer de papel a los juzgados hasta no terminar la reconstrucción de la corte de Portoviejo, detenida por incumplimiento del contratista).
