Los despojos del CAL, en venta

Todo ocurrió como estaba previsto: el Partido Social Cristiano se sumó a la nueva mayoría, conformada por el correísmo y Pachakutik, y juntos destituyeron de su cargo, con 83 votos a favor y 34 en contra, a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní, de Izquierda Democrática. Esto ocurre 45 días después de que la primera vicepresidencia quedara disponible tras el ascenso de Virgilio Saquicela, sin que nadie hasta el momento haya movido un dedo para designar a su reemplazo. Así, con ambas vicepresidencias vacantes, se podrá negociar más cómodamente el reparto de los despojos del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El motivo de la destitución fue un dudoso caso de incumplimiento de funciones que nadie fue capaz de sustentar en el Pleno. ¿De qué se acusó a Guamaní? De haber presentado una moción en el CAL: ante una razonable duda sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley, ella mocionó suspender su trámite de calificación y elevar una acción de interpretación a la Corte Constitucional. Según el correísmo (que encargó la exposición del caso a Jhajaira Urresta), el CAL solo puede calificar o no calificar los proyectos de ley. Suspender el trámite “sugiere que hay una tercera vía”, argumentó Urresta, como si la consulta a la Corte no tuviera como objetivo, precisamente, el de calificar o no calificar con mayor fundamento. Se trata, en fin, de un caso retorcido que sienta un peligroso precedente: ahora cualquier asambleísta podrá ser sancionado por presentar una moción que no sea del agrado de la mayoría.

El debate fue rápido (duró apenas algo más de una hora) y vergonzante: fueron asambleístas de bajo perfil y dudosas capacidades oratorias los encargados de sustentar las acusaciones: Luis Almeida, por ejemplo, habló a nombre de los socialcristianos, que normalmente se avergüenzan de él; Xavier Jurado, de Centro Democrático, y la independiente Elina Narváez defendieron las tesis del correísmo. Ninguno logró explicar de qué manera el acto de presentar una moción implica incumplimiento de funciones. Y si los asambleístas de mayor peso en sus bancadas (el correísta Pabel Muñoz o el socialcristiano Esteban Torres, por ejemplo) se abstuvieron de tomar la palabra, se debe quizá a que sabían que era demostración imposible.

Jhajaira Urresta acusó a Guamaní de haber propiciado la intromisión de la Corte Constitucional en las labores de la Asamblea, a pesar de que el recurso a ese organismo está contemplado por la propia ley orgánica del Poder Legislativo. También la culpó de haber ocasionado, con su moción, el retraso del procedimiento, que terminó por completarse luego de cumplidos los plazos. Sin embargo, hay otros doce proyectos de ley, como citó Guamaní en su defensa, que también fueron calificados por fuera de los plazos respectivos sin que nadie haya sido procesado por ello. Además, y dado que la moción de marras propuesta por Guamaní fue aprobada con mayoría de votos por CAL, no se explica por qué la vicepresidenta segunda deba cargar con responsabilidades que comparte con todo el organismo. Por todo ello, a nadie en el Pleno le cabe duda de que el caso es un pretexto para repartirse las vicepresidencias.

Por lo demás, la sesión fue una algazara completa, especialmente por las reacciones que los asambleístas de la Revolución Ciudadana han convertido ya en un distintivo de su estilo parlamentario. Más que como una bancada, el correísmo se comporta como una claque en toda regla, es decir, una barra pagada para incordiar, como aquellas que los escritores del romanticismo contrataban para arruinar los estrenos teatrales de sus rivales. Gritos en todos los registros, carcajadas sonoras, rumores, bisbiseos, murmullos, cacareos... No cesaron mientras Yeseña Guamaní ejercía su derecho a la defensa. Cada vez más, sesión tras sesión, el correísmo se está caracterizando por ser más pródigo en onomatopeyas que en argumentos.

¿Sabe Urresta lo que habla?

Dice la correísta Jhajaira Urresta que las acciones de Yeseña Guamaní han causado gran “prejuicio” al pueblo ecuatoriano. Es decir, a “nuestros demandantes”. Le irrita que no haya dejado en alto “el nombre de la institución de que aún no cabe en sus cabales que está en la Asamblea”. Ella se entiende. O no. Mireya Pazmiño, en cambio, disidente de Pachakutik que formó parte de la comisión ad hoc que juzgó a Guamaní y acaricia el sueño de sustituirla en la segunda vicepresidencia, a quien tiene entre ceja y ceja es a André Benavides, el abogado que defendió a la acusada. Quiere para él una sanción del Consejo de la Judicatura. “Él incumplió en una ilegalidad o incumplimiento como abogado”, dice con precisión asombrosa. En el Pleno no solo hay problemas con la ética sino con la gramática.