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La audiencia de formulación de cargos se instaló luego del medio día en Manabí.Cortesía

Destape de la corrupción sanitaria de hoy y de ayer

Reguero de irregularidades en los hospitales públicos en varias ciudades. Emerge ahora un caso derivado del terremoto, aparte de la emergencia actual

Un nuevo caso de corrupción sale a la luz en medio de la emergencia sanitaria y que se suma a la decena de investigaciones que ha iniciado la Fiscalía en estas últimas dos semanas en torno a la compra irregular de insumos médicos en hospitales de distintas ciudades del país. Sin embargo, esta vez se trata de un caso heredado del terremoto que emerge ahora y que deja como resultado la detención de nueve personas, entre las que se encuentra Jean Carlos Benavides, uno de los asesores del asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza.

El caso está abierto por actividades delictivas relacionadas con el mal manejo de recursos públicos como cohecho o enriquecimiento ilícito.

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Benavides fue detenido el 14 de mayo cuando se trasladaba en una camioneta por Portoviejo. Según el parte policial, los agentes detuvieron el vehículo después de que se pasara la luz roja, y mientras le pedían a los pasajeros que se bajen, se percataron de que el asesor le entregaba un sobre amarillo a otro de los ocupantes.

Al revisar el sobre, los policías encontraron 42.000 dólares en efectivo que Benavides no pudo justificar, por lo que fue detenido.

La Fiscalía también allanó el domicilio del asesor del asambleísta, ubicado en Calceta (Bolívar), donde encontró 574.210 dólares más. Por medio de un tuit, Mendoza se desligó de los hechos y pidió a las autoridades “que actúen con celeridad e independencia”.

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Pese a que el caso emerge recién, la ministra María Paula Romo dijo este 15 de mayo que estos operativos se desprenden de una investigación “de meses”, y que está “vinculada a la construcción de obra pública” en Manabí.

Una de esas obras es la del Hospital de Pedernales, que fue adjudicada, por segunda ocasión, en diciembre al Consorcio Pedernales Manabí, conformado por Jhonny Toala Hidalgo y José Véliz Saltos, quienes según su RUC, ejercen como personas naturales autorizadas para realizar actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico. El valor del proyecto asciende a 16,4 millones de dólares.

Véliz Saltos también está entre los nueve detenidos.

Este proyecto había sido adjudicado en julio, pero se descubrió que la empresa constructora había dado garantías falsas, por lo que el Gobierno dio marcha atrás e inició de nuevo el proceso.

Geovanni Ponce, director de la Policía Judicial, habló de una “estructura delictiva”, en la que se encuentran otros servidores públicos y trabajadores municipales. Todos, según Ponce, investigados por asociación ilícita, tenencia y porte de armas de fuego, cohecho y enriquecimiento ilícito.

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Sin embargo, la Fiscalía informó que la audiencia de formulación de cargos se instalaba por lavado de activos.

En total, la Policía incautó 1,6 millones de dólares, entre efectivo y cheques, 3 armas, un chaleco antibalas, 36 cartuchos, 14 terminales móviles, 3 vehículos, 3 CPU y 4 laptops en los nueve allanamientos de Pedernales, Bolívar, Sucre y Portoviejo.

Durante la mañana, la Fiscalía también dio cuentas de varios otros operativos realizados el jueves en el Hospital del IESS de Machala dentro de una investigación por peculado y en distritos de Salud en 6 cantones de Los Ríos por la presunta existencia de sobreprecios en la compra de insumos y medicinas durante la emergencia sanitaria.

Hasta ahora, la huella de la corrupción se sigue en once hospitales y ocho distritos de Salud de todo el país.