La destitución de Guadalupe Llori acentúa la división entre Ejecutivo y Legislativo

Ilegal y arbitraria. Legal y legítima. Tantos calificativos recoge lo actuado por la mayoría de la Asamblea Nacional la noche del pasado 31 de mayo, cuando en sesión plenaria destituyó a Guadalupe Llori como presidenta del Parlamento. El Gobierno Nacional no esperó a que Virgilio Saquicela caliente un poco el asiento presidencial y ya reaccionó con un comunicado publicado en los primeros minutos del 1 de junio.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue el vocero en este tema. Rechazó lo que calificó como una “ilegal” actuación de la mayoría del correísmo, el Partido Social Cristiano, los disidentes de Pachakutik e Izquierda Democrática y otros, que dieron los 81 votos que sacaron a Llori de la Presidencia del Legislativo. “El Gobierno Nacional respeta la independencia de funciones, pero no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ecuatorianos”, concluye el comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter de la cartera de Estado.

Llori, al menos hasta el cierre de esta edición, mantuvo total silencio. En su cuenta de Twitter retuiteó el comunicado de la bancada oficialista del Acuerdo Nacional (BAN), que también cuestionó lo actuado por la nueva mayoría legislativa. Los 27 asambleístas oficialistas, encabezados por Juan Fernando Flores, aseguran que no avalan los hechos que, a criterio del grupo, comenzaron irregularmente con la conformación de la comisión pluripartidista ad hoc que investigó y concluyó con la recomendación de la remoción de Llori de la Presidencia. “La casa de la democracia fue testigo de ilegalidades, irrespeto a la ley y violación de los procesos parlamentarios para conseguir la destitución de Guadalupe Llori y hacerse con el poder para satisfacer una agenda alejada de las realidades del pueblo ecuatoriano”.

En la otra orilla están quienes tomaron la decisión y ahora la reafirman con argumentos e incluso con amenazas. El bloque del Partido Social Cristiano ratifica su decisión bajo la premisa de que fue tomada dentro del marco de la ley. Dispara sus dardos contra Llori, a quien achaca de ser ella quien ha cometido una serie de ilegalidades al introducir a la justicia en un asunto político. No termina ahí. “La Asamblea Nacional debe hacer prevalecer su autonomía política, razón por la cual, cualquier funcionario que busque entrometerse ilegal e ilegítimamente en sus decisiones, será llevado a juicio político”.

La bancada de la Revolución Ciudadana también reafirmó su decisión y criticó a Llori y a quienes la respaldan. No lanzó amenazas, pero sí una admonición. “Advertimos a la comunidad internacional sobre las represalias que podría tomar el Gobierno de (Guillermo) Lasso para seguir protegiendo a su delegada en el Primer Poder del Estado”.

Las primeras palabras de Saquicela como presidente del Legislativo fueron de conciliación, sobre todo con el Ejecutivo. Habló de sumarse al llamado del presidente Lasso para bajar la tensión y despejar un camino para una mejor relación.