Las destituciones permiten que el suplente del suplente llegue al Cpccs

En el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) parece una buena apuesta postularse y quedar en quinto, sexto y hasta séptimo puesto. La inestabilidad en ese organismo ha llevado a que los suplentes de los suplentes asuman el cargo.

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El dato es revelador. Entre 2019 y 2025, 18 vocales del CPCCS fueron destituidos del cargo. En ese lapso hubo dos periodos. ¿Cuál es el punto de inflexión? Hay dos hechos que abonan a ese cambio drástico en una entidad creada en la Constitución de 2008. El primero es la salida del poder del correísmo, organización que entre 2007 y 2012 manejaba el Ejecutivo, contaba con mayoría en la Asamblea y tenía injerencia en otros poderes del Estado.

Después del quiebre entre el correísmo y el morenismo, el futuro de esa entidad se definió en la consulta popular de 2018 de Lenín Moreno. Se decidió que la elección de los consejeros sea por votación popular. Con esto se configuró el segundo hecho que moldeó la situación actual.

Ambas circunstancias reflejan un hecho concreto, según el analista político Daniel Crespo: el CPCCS se creó bajo la premisa falsa de que era un organismo ciudadano alejado de políticos.

“Lo que se ha demostrado es que se trata de un organismo que refleja el balance de las diferentes fuerzas políticas en los otros poderes”, dice Crespo.

Esas mismas pugnas han originado crisis institucionales que han terminado en destituciones. En ese escenario han aparecido otras entidades, como el mismo Legislativo con juicios políticos, la Corte Constitucional y ahora el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Pero la pugna pasó de ser velada a directa. En un principio, a nadie se le ocurría afirmar directamente que había fuerzas políticas en el CPCCS, por más evidente que fuese ese hecho.

Pero desde 2019, cuando ocurrió la primera elección mediante voto popular, la cosa cambió. En ese entonces, el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), mediante sus principales líderes, promocionaron candidatos. Cada uno tenía su lista, por la cual llamaba a votar.

Lo mismo ocurrió en las elecciones de 2023. Como consecuencia, la Liga Azul, integrada por cuatro vocales (tres principales y una suplente) vinculados al correísmo, fue destituida. Y esa no fue la primera destitución del actual periodo. En 2023, la Corte Constitucional sacó del cargo a Alembert Vera (también de la Liga Azul), mientras que en 2024 la Asamblea censuró a Juan Esteban Guarderas.

Es decir, seis vocales de los siete que integran el Consejo salieron. A ellos se suma Mishelle Calvache, quien renunció para ser candidata a la Vicepresidencia. Los únicos que quedan desde la posesión en mayo de 2023 son Andrés Fantoni (presidente), Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto.

En la práctica eso ha determinado que suban los suplentes de los suplentes. Para conformar el CPCCS se toman los nombres de los tres mejor votados de la lista de hombres, mujeres y la persona con más votos de la lista de Pueblos y Nacionalidades. Así se conforma el Pleno de siete integrantes.

Hoy, tras la destitución de Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor (él fue suplente principalizado), subirán dos: Gonzalo Albán y David Rosero u Óscar Ayerve. El primero fue posesionado por la Asamblea en 2023 como suplente, pero ahora falta otro alterno por posesionar para suplir a Franco Loor.

Los puestos en los que quedaron los actuales suplentes

Albán quedó en sexto puesto tras las votaciones de 2023 con un 6,17 %, solamente décimas atrás de Franco Loor, que logró 6,41 %. En el séptimo puesto de la lista está David Rosero con 6,03 %, pero fue destituido por la Corte Constitucional en el periodo pasado y no podría asumir si se toma en cuenta la Ley de Servicio Público. Entonces, el octavo en la lista, Óscar Ayerve, se posesionaría. Él logró el 5,22 % del total de los votos.

En la lista de mujeres pasa algo similar. La vocal suplente Piedad Cuarán se posesionará con un 5,87%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en esos casos hubo 20 y 17 candidatos, respectivamente.

Albán y Ayerve se han pronunciado sobre este tema. Ambos concuerdan en que hay legitimidad porque fueron elegidos por un sector de la población. Albán añade que debe haber un compromiso del cuerpo colegiado para evitar más errores que terminen con la destitución de más vocales.

Para Ruth Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, el bajo porcentaje que logran y con el cual asumen genera un problema grave de representatividad. “El nivel de responsabilidad que tienen es altísimo. Designan, por ejemplo, al fiscal general”.

Hidalgo cuestiona ese nivel de representatividad porque hay candidatos que ostentan el cargo sin llegar ni al 5 % de la votación popular. “Es un dilema enorme que tiene la democracia ecuatoriana”, advierte.

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