La detención de Jiménez, otra mancha al historial legislativo

Escoltada por agentes de la Policía, la exvicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, quedó detenida el 8 de octubre de 2024, durante varios allanamientos que ejecutó la fuerza pública con funcionarios de la Fiscalía General del Estado, en Guayaquil. 

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El Ministerio Público señaló que la exlegisladora, que llegó al Parlamento auspiciada por la Izquierda Democrática (ID) en Guayas, y otros tres detenidos están investigados por una supuesta participación en el delito de concusión. Desde la Fiscalía se informó que el caso está en reserva porque sigue en investigación previa hasta que se formulen cargos.

Más exautoridades investigadas por Fiscalía

La indagación de Jiménez se suma a otros procesos legales que lleva adelante la Fiscalía en contra de exautoridades legislativas, quienes han sido vinculadas a investigaciones. 

Justo el lunes, un magistrado de la Corte Nacional llamó a juicio al exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga, acusado de ser el operador político del narcotraficante Leandro Norero en el caso Metástasis.

También hay una investigación previa que se inició en julio contra José Serrano, sospechoso del delito de tráfico de influencias y cohecho. Su nombre se mencionó en el juicio contra el excontralor Carlos Pólit, pues Diego Sánchez dijo que habría entregado sobornos al exministro de Rafael Correa.

Afectación a la imagen de la Asamblea

Hechos como estos incrementan el “deterioro serio y sostenido de las funciones del Estado. El Poder Legislativo cada vez tiene una aceptación y aprobación mucho menor, llegando a niveles históricos. La percepción de su mala imagen está pasando por su peor momento desde la vuelta a la democracia”, dice el analista político, Daniel Crespo. Añade que los partidos políticos “no pueden desentenderse” del tema.

Andrés Lozano, director de la Fundación Gobernanza Participativa, coincide. La detención “es un escándalo más que afecta al primer Poder del Estado y repercute en su nivel de aprobación. Además, pone en debate la responsabilidad de elegir a mejores representantes. No es cuestión de tener títulos. Hay que revisar cuál es el pasado judicial de los candidatos”.

Las medidas que se deberían adoptar
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Ambos expertos señalan que deben tomarse medidas para evitar que los casos se repitan y minen aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. Crespo, también catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, considera que lo más urgente es reformar el Código de la Democracia para reestructurar los partidos, monitorear los fondos que reciben, etc. El Parlamento también tiene que actuar. “Habría que ejecutar procesos de fiscalización más efectivos, que no sean solo una vendetta política”.

“En un órgano colegiado siempre habrá buenos y malos, pero lo importante es que entes como el Comité de Ética de la Asamblea actúe rápidamente. Si hay un elemento investigado, que sea separado de la institución”, sugiere Lozano.

Otro mecanismo atañe al Poder Judicial. “Que se llegue a una sentencia, que se demuestre la culpabilidad” de ese político procesado, menciona Crespo.

El exdiputado del PSC, Marcelo Dotti, critica que la imagen del Parlamento se vea afectada por investigaciones penales que involucran a exautoridades legislativas. 

“Las rencillas internas se han dado y se volverán a repetir, afectando la paz política que necesita el Ecuador. El narcotráfico está penetrando a todos cuantos le sean útiles y cuando eso está podrido, lo mejor es que el presidente disuelva la Asamblea”, opina el exparlamentario.

• Destitución. Jiménez fue removida del cargo en 2021 por las causales de gestión de cargos públicos y cobros indebidos, tras pedir dinero a cambio de puestos en la Asamblea.

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