Protagonista. Assange, en una entrevista en la CNN esta semana.

Detener a Assange, prioridad para EE. UU.

El fiscal general de Estados Unidos aseguró el jueves que detener a Julian Assange, fundador de Wikileaks, “es una prioridad”. El Departamento de Justicia que lidera Jeff Sessions estudia presentar cargos contra Assange, refugiado en la Embajada de Ecu

El fiscal general de Estados Unidos aseguró el jueves que detener a Julian Assange, fundador de Wikileaks, “es una prioridad”. El Departamento de Justicia que lidera Jeff Sessions estudia presentar cargos contra Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador de Londres, responsable de la revelación en el pasado de miles de documentos clasificados de las agencias estadounidenses de inteligencia. El Gobierno, según los medios norteamericanos, investiga si la organización ha cometido un delito al obtener recientemente información secreta sobre las herramientas de espionaje de la CIA.

“Vamos a aumentar nuestros esfuerzos en la lucha contra todas las filtraciones”, declaró Sessions en una rueda de prensa. El fiscal general declaró que este asunto ha llegado más lejos “que nada que yo sepa” y que su departamento “intentará poner a algunas personas en la cárcel allí donde tengamos un caso” contra ellos.

La decisión de la Administración Trump supone un giro de 180 grados con respecto a lo defendido por el presidente republicano cuando era candidato. Entonces dijo “Amo a Wikileaks”, alentando a la organización a que publicara los correos electrónicos de su rival, Hillary Clinton. Pero las filtraciones hechas por Wikileaks en las últimas semanas, incluidos miles de documentos con herramientas de espionaje empleadas por la CIA, podrían suscitar una nueva investigación sobre la responsabilidad del grupo en el robo de esa información.

Trump estaría adoptando además un camino que Barack Obama ya dio por imposible en 2013. Una querella contra Wikileaks por revelar información clasificada sería muy difícil de sacar adelante sin acusar también a las cabeceras estadounidenses (como The New York Times) que sacaron a la luz el mismo contenido. La Constitución estadounidense reconoce el derecho de los medios a publicar información clasificada, por lo que el Gobierno no ha podido acusar a Wikileaks por sus revelaciones.

La única opción del Gobierno es acusar a Assange de conspiración para robar información clasificada, por lo que tendría que demostrar que el fundador de Wikileaks instruyó a Chelsea Manning o a Edward Snowden, responsables de las dos mayores filtraciones, a robar los documentos pertenecientes al Departamento de Estado, el Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional.