Por qué detenerse si a nadie le importa

Semana de realizaciones para el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el hombre del momento. El martes, en la Asamblea Nacional, fue recibido casi que con protocolo de jefe de Estado por el presidente Henry Kronfle: hubo comité de bienvenida, dos sillones dispuestos frente a dos banderas como en las visitas oficiales de la Casa Blanca, sesión de fotos para la historia, solemnidades y discursos. El miércoles, uno de sus jueces de confianza, Luis Rivera, a quien prorrogó irregularmente en sus funciones por seis años adicionales a los que le correspondían, cumplió con lo que parece ser su parte del trato y puso un candado a las pretensiones de la Fiscalía de enjuiciar al delincuente convicto Jorge Glas por la feria de los fondos para la reconstrucción de Manabí: gracias a eso, Terán se anota un punto con la alianza de la impunidad que gobierna la República. El jueves se reunió a puerta cerrada con el Pleno del organismo que preside, donde dos hacen mayoría de cinco, y dejó a 39 aspirantes fuera del concurso para elegir jueces de la Corte Nacional sin dar explicaciones a nadie. El viernes, por último, se ocupó de dejar claro ante la nación entera que las recomendaciones de la misión internacional que observa ese concurso él se las pasa por el forro. Porque es él. Y porque al país, en todo caso, le tiene sin cuidado. Es comprensible: si a nadie le importa, ¿por qué habría de retroceder?

Wilman Terán es el hombre del momento porque es la cara visible de la desgracia nacional. La demostración última, por si aún hacía falta alguna luego de un mes de juntar evidencias, de que el único proyecto político de consenso vigente en la República es el de la impunidad. Y la impunidad es el tema del mes, ¿o no? La Fiscalía quiere procesarlo por obstrucción a la justicia. ¡Obstrucción a la justicia! (hay que repetirlo entre signos de admiración porque el país no se conmueve). En cualquier democracia del planeta, en cualquier país con instituciones medianamente respetables, un abogado vinculado a un caso de obstrucción a la justicia (un abogado cualquiera, no digamos uno que ocupe un cargo público) pierde su derecho a ejercer la profesión. En Ecuador, en cambio, continúa ejerciendo no ya la profesión: ¡la presidencia del Consejo de la Judicatura! Sin ninguna oposición. Sin ningún escándalo. Sin ningún problema. Así estamos. Mejor dicho: por eso estamos como estamos. Y mientras la fiscal que quiere procesar a Terán por obstrucción a la justicia se prepara para afrontar juicio político y destitución en la Asamblea (en el Consejo de Administración Legislativa ya pidieron informe del departamento jurídico para el lavado de manos general que semejante operación requiere), el presidente de la Asamblea recibe a Terán con la solemnidad de las grandes ocasiones. ¿Para qué? Para escuchar su propuesta para combatir la corrupción en el sistema de justicia. ¿No es maravilloso?

El delito de obstrucción a la justicia en el que está metido Terán (y, con él, otros dos vocales del Consejo de la Judicatura) tiene que ver con el caso Las Torres y con el caso Vocales, que involucra a los mismos integrantes del organismo en un sucio asunto de tráfico de influencias. Porque la judicatura de Terán es una cueva de sospechosos. La Fiscalía quiere iniciar el proceso contra él, pero no puede. ¿Y eso? Es que el juez no ha fijado fecha para la audiencia de formulación de cargos. Desde hace tres meses. Y nada parece indicar que tenga la remota intención de hacerlo. Pero ¿quién es ese juez? El ya mencionado Luis Rivera, que esta semana falló a favor de Jorge Glas. Terán prorroga a Rivera ilegalmente como juez de la Corte Nacional y Rivera le cubre las espaldas. Las suyas y la de cuanto exfuncionario correísta termine en su juzgado: el mismo Glas, en el caso Singue; dos exministros de Defensa, en el caso Dhruv (Rivera es el juez que decidió que no había peculado en la compra de esos helicópteros porque el seguro cubrió las pérdidas); y ahora, nuevamente, Jorge Glas en el caso de los fondos de la reconstrucción de Manabí. Pero eso no es nada. Todavía el juez Rivera espera su gran oportunidad para lucirse: con toda seguridad él será uno de los integrantes del tribunal que tratará la revisión del caso Sobornos, cuando esta sea presentada. En sus manos estará traer de vuelta al gran prófugo. Ventajoso, ¿no?

Lo de Glas y el caso de los fondos de la reconstrucción de Manabí, esta semana, es un escándalo. Corrección: lo sería en una democracia decente. Debería serlo. Ocurre que en la audiencia de formulación de cargos de este martes (Rivera ha venido dándole largas al asunto ¡desde junio!), se pone de pie el abogado del exvicepresidente convicto y expone que su defendido no puede ser juzgado (como si fuera la primera vez) sin autorización de la Asamblea Nacional. Y no con mayoría simple, dice, sino con las dos terceras partes de los votos. Cita a su favor el artículo 120 de la Constitución, que establece ese requisito únicamente en caso de enjuiciamiento penal de un mandatario en ejercicio de sus funciones, cosa que Glas dejó de ser hace cinco años. Y el juez Rivera, cómo no, se lo concede. Ahora, para juzgar a Glas, se necesita el consentimiento de la Asamblea de Kronfle. La que le ha dicho no a la impunidad (según Kronfle). Conclusión: Glas jamás será juzgado.

Mientras tanto, el concurso para elegir a los jueces que acompañarán a Rivera en la Corte Nacional sigue su sinuoso camino, pese a todas las voces de alerta que señalan la profunda corrupción de sus procedimientos. La misión de observadores internacionales ya quedó escandalizada de lo que vio (debió haberse escandalizado también del ejemplar que funge de presidente de la Judicatura pero se lo calló por diplomacia) y dijo que no había la menor transparencia en el proceso. Que las hojas de vida de los postulantes no habían sido publicadas, lo cual es inaudito. Que la repetición de la prueba de confianza (parcial, pues no cubrió a todos los postulantes; injustificada, pues el problema de software que se argumentó no fue nunca demostrado; opaca, pues no se dieron a conocer las calificaciones de la prueba original) violaba todas las normas y todos los procedimientos. Que se hacía indispensable repetir etapas y, de ser posible, retroceder en todo. Porque de no hacerlo (esto no lo dijeron los observadores internacionales pero es obvio) el resultado será una nueva Corte Nacional integrada por nueve jueces Rivera al servicio de la impunidad. ¿Y qué hizo Wilman Terán? ¡Qué iba a hacer él, sino seguir adelante! ¡Nueve Riveras en la Corte Nacional es el más preciado de sus sueños húmedos!

Así es como avanza el único proyecto político de consenso que opera en la República, el proyecto político hegemónico impulsado por la alianza de gobierno, concertado con delincuentes prófugos para la lumpenización definitiva de la esfera pública nacional y la impunidad de corruptos y mafiosos. Con una base firme en el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán, con la Fiscalía y la Corte Nacional como objetivos principales y la Asamblea como trampolín. Con Henry Kronfle declarándole la guerra a la impunidad mientras recibe por la puerta grande al principal de sus agentes. La verdad, es comprensible: si a nadie le importa, ¿por qué habrían de retroceder?

La prueba de fuego

Por la persecución al juez Samno Macías; por la extensión irregular de los períodos de Luis Rivera y otros jueces; por el tramposo concurso para elegir nuevos integrantes de la Corte Nacional... La bancada de Construye presentó pedido de juicio político a Wilman Terán... Tarde: el correísmo se le adelantó con el proceso a la fiscal. Aun así: ¿apoyará la mayoría legislativa esta causa o actuará para encubrir la impunidad?