Detenidos por tráfico de influencias están ingresados en dos cárceles del país
Se desconoce por qué se incumplió la disposición del juez de Flagrancia que ordenó el ingreso de 26 procesados a 4 centros de Rehabilitación Social
El paradero de un total de 26 personas que permanecen con prisión preventiva dentro del proceso penal que se sigue en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez Zambrano, de a poco se va esclareciendo.
Los detenidos fueron ingresados en dos de los cuatro centros carcelarios que dispuso el juez Marcos Guerra, en la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló el pasado 28 de noviembre, donde se procesó a un total de 33 personas, por el delito de asociación ilícita, con la finalidad de cometer tráfico de influencias para la venta de cargos públicos.
¿Por qué no se cumplió esa disposición judicial? “En el tema jurisdiccional yo no puedo opinar, pero lo que sé y de lo que a la Fiscalía le consta es que todos los procesados varones se encuentran en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Guayaquil”, manifestó el fiscal César Suárez Pilay, de la Unidad de Administración Pública, quien investiga el caso.
Dentro de los procesados que están con prisión hay cinco mujeres, quienes fueron llevadas a otro centro penitenciario. “A las mujeres no se les pudo receptar las versiones porque se encontró con la novedad de que no están ingresadas ahí, ya se las ubicó y se encontrarían en una cárcel de Ambato”, reveló el fiscal.
El pasado 23 de diciembre, la jueza Marcela Ortega, quien lleva actualmente la causa, dispuso a los directores o encargados de cuatro Centros de Rehabilitación Social del país que informen sobre 26 procesados que están con orden de prisión.
El requerimiento se ofició al CDP Guayaquil y a los Centros de Privación de Libertad de Personas Adultas Varones (la denominada cárcel 4 de Quito), el de Latacunga y de Ambato.
La jueza dispuso un término de 24 horas, bajo prevenciones de ley, para que los funcionarios comuniquen sobre el ingreso de los procesados o traslado administrativo de los mismos;y, “de haberse efectuado que se informe quién fue la autoridad que lo ordenó”.
La falta de claridad en el paradero de los 26 procesados saltó a la luz luego del pedido que hiciera Renata Jalkh Roben, hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
Ortega solicitó información del estado de salud de la procesada a la cárcel 4 de Quito, donde debió estar cumpliendo la medida cautelar. No obstante, una coordinadora del centro carcelario comunicó que Renata Jalkh no había ingresado a ese centro, donde también debió ser llevado Tuárez. También fue llevado al CDP de Guayaquil, como así lo confirmó su defensa.
Mediante providencia, la juzgadora manifestó que los directores “estaban en la obligación” de informarle sobre la verificación de dichos ingresos, en cumplimiento al artículo 679 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), “a efectos de determinar con claridad donde se encuentran los procesados” de esa causa.
Por lo pronto, se sabe con claridad donde están cuatro implicados en el caso que ya fueron sentenciados a un año de prisión, tras acogerse a un procedimiento abreviado. Tres fueron enviados a cumplir la condena a la cárcel 4 de Quito y uno seguirá en Guayaquil.
EL DETALLE
El pasado viernes, Luis Loyo, exdirector de procesos del Consejo Nacional Electoral, aceptó su responsabilidad en el hecho, por lo que fue condenado.
DATOS
El caso
Los implicados en el caso fueron detenidos en el denominado operativo Emperador, ejecutado el pasado 28 de noviembre, en seis provincias del país.
En el proceso
Un total de 33 personas fueron procesadas por asociación ilícita. 27 quedaron con medidas restrictivas de libertad, es decir, prisión preventiva; y seis con medidas de presentación y prohibición de salida del país.
