Deuda del IESS con Solca: ¿cuáles pueden ser las soluciones?

Pagar la deuda. Resulta la solución más lógica ante el problema del Seguro Social con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), pero no es tan fácil cuando tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como el Gobierno Nacional atraviesan problemas financieros que, en el caso del primero, pone en riesgo las jubilaciones futuras y, del segundo, lo obliga a recurrir a multilaterales para tapar ese agujero fiscal. Ante este panorama de falta de liquidez para honrar lo adeudado, voces políticas dan algunas ideas de posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo que pasan desde reformas legales hasta priorizar la deuda internar a la externa.

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Otto Sonnenholzner, político y exvicepresidente de la República, plantea respaldar el proyecto de ley que propone para las organizaciones no gubernamentales con asignaciones públicas, como es el caso de Solca, un proceso de auditoría y control más ágil y pagos más regulares. “Esto mejorará la capacidad de Solca y otras instituciones similares para brindar servicios esenciales de salud a la población”, destaca.

Para el precandidato presidencial por el partido Unidad Popular, Jorge Escala, la solución pasa por un aspecto: voluntad política del Gobierno Nacional. ¿Qué tiene que ver el Gobierno en una deuda entre el IESS y Solca? A criterio de Escala, esto es una cadena: el Gobierno le debe al IESS y sin ese dinero no se puede pagar a Solca. 

Cree que el régimen del presidente Daniel Noboa cuenta con los recursos para cancelar la deuda con el Seguro Social y este a su vez a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, pero privilegia el pago de la deuda externa sobre la interna. Ante este panorama, plantea una solución: que el Gobierno pague la deuda con el IESS. ¿Pero de dónde saca el dinero? “Debe aplicar la moratoria del pago de la deuda externa. Son 9.000 millones de dólares que podríamos estar liberando y que los tiene reservados el Gobierno. Tiene plata en este momento. Solamente el incremento del IVA aplicado a la gasolina desde abril hasta acá ha generado 900 millones de dólares, pues revierta esos recursos, pague y atienda a la salud”.

Tras el anuncio de Solca Guayaquil de suspender la atención a nuevos pacientes derivados del Seguro Social, le siguió otro anuncio similar de su par de Quito. La cifra de la deuda asciende a cerca de 300 millones de dólares en total a los siete núcleos de Solca, según confirmó José Jouvín, titular del Consejo Directivo de la Sociedad, de los cuales 100 millones corresponden al núcleo de Guayaquil y 120 millones al de Quito.

El también precandidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja, lanza tres soluciones: Cobrar la deuda de 6.300 millones de dólares que empresarios morosos al IESS, ⁠investigar a todos los responsables de que los equipos médicos de última generación pasen dañados desde su adquisición para favorecer las derivaciones, e impulsar especialidades oncológicas y la compra de más equipos con el dinero recaudado por los juicios coactivos a los morosos para que el IESS no dependa de Solca. “Se trata de política pública sanitaria. Eso se hace con personas preparadas no con los mejores amigos”, comentó Granja, quien cuestionó al actual presidente del Directorio del Seguro Social, Eduardo Peña, por minimizar el reclamo de Solca.

¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional?

Desde la Asamblea Nacional, específicamente en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, exigen al Gobierno que pague lo adeudado. La legisladora María Teresa Pasquel, integrante de la mesa, adelanta que investigan a la empresa que, entre otras funciones, calendarizar los pagos del IESS a los prestadores externos. 

No puede adelantar criterio sobre algún hallazgo, pero continuarán indagando. Más allá de la resolución del pleno de la Asamblea, en la que se exige el pago de lo adeudado y el poco efecto que puede tener en el Ejecutivo, Pasquel comenta que desde la comisión pueden ahondar en esta exigencia. “Esperamos que (el Gobierno) sean sensible y que no es un favor. Es un derecho de todos los ciudadanos y el deber del Gobierno atender la salud y mucho más a personas con enfermedades catastróficas que requieren medicación continua y permanente. Es una situación muy crítica”.

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