El Estado está en deuda con la transparencia de la información
El difícil acceso a datos y cifras sobre la gestión de las entidades crea la desconfianza ciudadana. Las compras públicas abren sitio a la corrupción
Un manejo poco transparente de la información y las irregularidades que se denuncian en las compras públicas ponen a la entidades del Estado como poco confiables a los ojos de la ciudadanía.
Desde 2004, con la vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información (Lotaip), es de obligatorio cumplimiento para los organismos públicos poner a disposición de la comunidad información clara y detallada sobre las actividades relativas a su gestión. Sin embargo, no todos acatan la norma.
Para muestra basta un botón: en esta emergencia por el COVID-19, once organismos, entre ellos seis ministerios (Educación, Inclusión Económica, Finanzas, Gobierno, Trabajo y Defensa) fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo por no difundir de forma clara y completa en sus portales web, la información sobre su gestión y el buen uso de los recursos públicos.
Desde la declaratoria de emergencia 937 entidades han efectuado 6.694 procesos de contratación, a través de las cuales han adjudicado contratos por $ 203’130.379 a 3.438 proveedores del Estado, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Pero el reporte obligatorio de los detalles de eso contratos no ha sido cumplido por todos los contratantes. El 26 % no lo hizo, en desacato a la ley.
Yo tengo evidencia de que incluso a altas autoridades, como asambleístas y fiscales, la entidades les han negado la información, y eso es violatorio a la Ley de Transparencia.
El acceso a datos sobre contrataciones y temas de interés es otro de los problemas inclusive para la prensa. El Ministerio de Salud Pública, acosado por los periodistas que buscaban respuestas frente al escandaloso caso de los carnés de discapacidad, eliminó el chat de contacto con los comunicadores que mantenía por WhatsApp, y optó por crear un canal para información unidireccional. Una similar decisión había adoptado días antes el área de Comunicación de la Cancillería.
La inconformidad ciudadana se produce también por el embrollado acceso a los procesos de contratación pública, que se manejan en el portal de Compras Públicas administrado por el Sercop. Desde 2010 hasta mayo de 2020, en Ecuador se han adjudicado contratos por $ 80.897 millones, en el que han participado 4.300 instituciones del Estado como contratantes, de acuerdo con cifras oficiales.
En el país sigue subsistiendo esa cultura del secretismo, de la opacidad. Muchos funcionarios públicos se consideran dueños de la información, cuando debe ser la ciudadanía.
Pero en la búsqueda de esos contratos no siempre se obtienen resultados exitosos porque, a más de no mostrar información completa -como es el caso de los procesos de emergencia- la plataforma es un sistema de engorroso manejo, que requiere de experiencia del usuario.
“El sistema de contratación pública en el Ecuador tiene muchas vulnerabilidades, aunque se hacen esfuerzos por corregirlas”, puntualiza Boris Cornejo, asesor de la Fundación Esquel, una organización civil que impulsa la creación de nuevas formas de participación para favorecer el buen gobierno.
Somos parte de un sistema de control. Esto es un compromiso de todos. Todos tenemos que hacer una parte para seguir buscando el tema de la transparencia.
El experto cree necesario implementar mecanismos de veeduría ciudadana como una herramienta para promover la transparencia y el control social. “La tecnología permite que se sepa todo, pero si no hay la voluntad política y la presión ciudadana, las cosas van a seguir exactamente igual que en el pasado”, advierte.
Para César Ricaurte, presidente de Fundamedios, se hace necesario tener en el país una nueva ley de transparencia y acceso a la información.
“La ley vigente, que ya tiene 16 años, fue aprobada en un contexto de otra forma de tratar a la información pública, considerando que la mayoría de documentación en esa época era física y no digital”, recuerda.
A su criterio, “hay en el país un manejo de información opaco, que no responde a la ley ni a la Constitución”.
Silvana Vallejo, directora del Sercop, precisó el rol de ese organismo en los procesos de contratación, durante el foro virtual El rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción durante la pandemia COVID-19, realizado la semana pasada.
Para la adquisición de bienes y servicios los entes públicos recurren a tres tipos de contratación: Régimen Común, Régimen Especial y procedimientos especiales. En este último se enmarcan las compras por emergencia, en los cuales, menciona Vallejo, hay que resolver un problema inminente.
En los procedimientos de régimen común, aclara, tienen una intervención preventiva de control, mas no en los de emergencia, donde la responsabilidad, según dijo, recae sobre entidades como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.
La directora del Sercop recordó que a través de una resolución del pasado 19 de marzo, la entidad obligó a las instituciones públicas a publicar en tiempo real, la información de las compras ejecutadas durante la emergencia sanitaria (Datos abiertos).
Para Vallejo, en el tema de la contratación pública se tienen claras las reglas del juego. “Nosotros somos el árbitro y debemos velar porque los jugadores (así se refirió a contratantes y proveedores) estén bajo esa reglas”, señaló.
LAS LIMITACIONES
Declaración de bienes. La Contraloría solo permite revisar en su página web las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios solo del último año, pero no de los anteriores.
Contrataciones. El Sercop eliminó de su sistema digital el link Inteligencia de Negocio, que permitía revisar en detalles los procesos de contratación pública de los últimos tres años.
Proveedores. El portal no permite encontrar procesos de contratación por nombre de proveedor.
EL DETALLE
Obligación. Hasta el pasado 30 de junio, los entes públicos tenían plazo para entregar su informe anual del cumplimiento del derecho de acceso a la información.
