Día Internacional contra la Corrupción: los casos más sonados del 2024 en Ecuador

El Día Internacional contra la Corrupción, celebrado cada 9 de diciembre, es una oportunidad para reflexionar sobre los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, un fenómeno que socava las instituciones, afecta el desarrollo económico y perpetúa la pobreza. Esta jornada también sirve para resaltar los casos más significativos de corrupción que sacuden a países como Ecuador.

Caso Metástasis

El caso Metástasis representa un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Ecuador, revelando cómo los narcotraficantes utilizaban fondos ilícitos para colocar a funcionarios corruptos en cargos clave, manipulando los procesos judiciales a su favor y garantizando la impunidad Aquello demostró la corrupción profundamente arraigada en el sistema judicial del país, en la que funcionarios públicos, políticos, fiscales, jueces, policías y abogados colaboraban con el narcotráfico.

Si bien la opinión pública conoció este caso el 14 de diciembre de 2023 -tras un megaoperativo desarrollado esa madrugada, que dejó como saldo 97 allanamientos y la detención de 28 sospechosos-, este siguió su curso durante el 2024 hasta llegar finalmente a la fase de las sentencias.

Estos allanamientos fueron el resultado de una investigación que la Fiscalía inició tras la muerte del narcotraficante Leandro Norero y la incautación de los teléfonos celulares que él utilizaba dentro del penal. Norero fue asesinado el 3 de octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi, en medio de un motín y enfrentamientos entre organizaciones narcocriminales.

La fiscal General del Estado, Diana Salazar, calificó a Metástasis como el operativo como el más grande contra la corrupción y el narcotráfico en Ecuador. Entre los detenidos figuraron personajes de alto perfil, como Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, y Mayra Salazar, quien fuera relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

En este caso, 20 de los 21 procesados fueron sentenciados por delincuencia organizada, con penas de entre tres y 10 años de prisión. Xavier Novillo, alias "Novita", fue identificado como el líder de la red criminal que compró jueces, fiscales y policías para favorecer a los narcotraficantes, con Terán como uno de los principales responsables. 

En este proceso judicial, Jhon Campozano, exfiscal de Guayaquil, fue la única persona declarada inocente por falta de pruebas, a pesar de su implicación en una videollamada con el narcotraficante Leandro Norero

Metástasis originó casos Purga, Plaga y Pantalla

Los casos Purga, Plaga y Pantalla son investigaciones judiciales en Ecuador que se derivan del caso Metástasis y tienen en común la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada dentro del sistema judicial.

Caso Purga: Se centra en una red de corrupción en el sistema judicial del Guayas, operada por políticos, exjueces y funcionarios judiciales, encabezada por Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, y Fabiola Gallardo,  expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas. La investigación revela la manipulación de fallos judiciales y la venta de decisiones a cambio de sobornos. 

Caso Plaga: Es una investigación sobre una presunta estructura delictiva que operaba en el sistema de justicia y que tenía como objetivo lograr las excarcelaciones de delincuentes sentenciados por narcotráfico, sicariato, femicidio, violación, tráfico de migrantes, delincuencia organizada, etc., a cambio de dinero. Para lograrlo, según la tesis de Fiscalía, la red contaba con la participación de policías, jueces, funcionarios del SNAI y abogados.

Caso Pantalla: Enfocado en posibles actos de tráfico de influencias durante el proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia en 2023. Se investiga la intervención de exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, bajo la dirección de Wilman Terán, para favorecer a ciertos candidatos mediante influencias indebidas. 

Caso Triple A: Aquiles Álvarez en la mira

El 12 de julio de 2024, el gobierno del presidente Daniel Noboa presentó una denuncia relacionada con un presunto caso de contrabando de combustibles, vinculando la operación ilícita a empresas asociadas con la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. 

Las acusaciones apuntan específicamente a dos compañías: Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco. Según la denuncia, los principales accionistas de estas empresas, al momento de los hechos, son Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier. 

La Fiscalía General del Estado, que ha reportado dificultades en la realización de la audiencia de formulación de cargos, denominó el caso como Triple A y procesó a las empresas de los tres hermanos Álvarez Henríquez: Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez Henriques, y a otras diez personas vinculadas a las firmas como administradores, contadores o ejecutivos.

La denuncia del Gobierno reveló que presuntamente se estaba desviando una gran cantidad de diésel con subsidio, destinado a sectores como el automotriz, industrial y naviero, hacia otros usos, aprovechando el beneficio estatal para obtener ganancias ilegales.

El 19 de septiembre, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero suspendió las operaciones de varias gasolineras y un centro de distribución de combustible. José Julio Neira, secretario General de Integridad Pública, hizo pública la razón detrás de las suspensiones: la diferencia de precios entre el combustible con subsidio y el precio del diésel no subsidiado habría generado un perjuicio al Estado de aproximadamente 94 millones de dólares.

El alcalde Aquiles Álvarez se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades, expresando su confianza en que la investigación se llevará a cabo con justicia. "Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia. De nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer", aseguró en su cuenta oficial de X el 23 de julio del 2024.

Este 9 de diciembre, el alcalde Álvarez reaccionó a las declaraciones de José Julio Neira, también director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), quien afirmó que las empresas involucradas en el caso Triple A están implicadas en contrabando de combustibles. 

Álvarez calificó el caso de inconsistente y arbitrario, y lo consideró una persecución política. Acusó a Neira de "armar shows sin pruebas" y reveló que los informes de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero reconocen que las clausuras fueron erróneas.

 "¿Sabes el perjuicio que se le viene al Estado por estas clausuras arbitrarias, por odio, que ya llevan dos meses? A pesar de todo, gracias a Dios hemos podido honrar el sueldo de más de 450 familias, sin producir. Eso deberías pagarlo tú en su momento, anda ahorrando," escribió en su cuenta de X.

El Caso Triple A se encuentra en la etapa de audiencia de formulación de cargos, que ha sido declarada fallida en cinco ocasiones; la última convocatoria judicial fue el pasado 1 de diciembre. Se prevé que el 14 de diciembre de 2024 se realice este proceso a las 09:30.

Caso Encuentro: cuñado del expresidente Lasso es sentenciado

El caso Encuentro se investigó una presunta trama de corrupción en torno al gobierno de Guillermo Lasso y a una estructura ligada presuntamente a un cartel de narcotráfico. En este contexto, se ha procesado a varias personas, entre ellas Danilo Carrera, cuñado del expresidente.

El 20 de noviembre de 2024, el tribunal penal condenó a Danilo Carrera a 10 años de prisión por delincuencia organizada. En la tesis de la Fiscalía, Carrera influyó en decisiones dentro de ese sector, pese a que él no tenía algún cargo formal. El ministerio público reveló que Carrera y su socio Rubén Cherres (asesinado el 31 de marzo de 2023)aprovecharon sus influencias en las empresas públicas para beneficiar a contratistas con contratos millonarios.

 A pesar de tener 83 años, Carrera deberá cumplir la pena, descontándose el tiempo bajo arresto domiciliario. También se le impuso una reparación de 682,188 dólares, igual cantidad para Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), sentenciado a 9 años y 4 meses en este caso que involucra a empresas públicas. El expresidente Lasso se desvinculó de la responsabilidad, asegurando que no tenía relación con la condena de su cuñado y que en su gobierno no hubo cargos para familiares cercanos.

Hay cinco personas más implicadas en este caso no tienen sentencia porque están fuera del país y no pueden ser juzgados en ausencia por el delito de delincuencia organizada. Uno de ellos es Hernán Luque, expresidente de la la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), quien está prófugo en Argentina, a la espera de ser extraditado. Los otros cuatro procesados son los empresarios: Leonardo Cortázar, Nain Massuh, Karen Cornejo y Érika Farías.

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