Diálogo termina sin resolver ni desenredar nudos críticos
Gobierno y organizaciones firman acta que da fin al proceso. El subsidio a los combustibles queda pendiente de resolver
Los 92 días de plazo del diálogo entre el Gobierno y la diligencia indígena -dos días más de los estimados inicialmente- finalizaron ayer con lo esperado: una mesa de las 10 instaladas no llegó a tener un acta con acuerdos en concreto, la de Focalización del Subsidio a los Combustibles.
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Leer másInicialmente, la tarde del jueves 13 de octubre, se firmó un acta donde no existía un acuerdo, pero la diligencia indígena, “para salvar” el trabajo de la mesa técnica, resolvió revisar los puntos en consenso y firmar otra acta. “En la mesa técnica tuvo muchos acuerdos. No pudimos cerrar porque la posición de las organizaciones sociales, en especial de la Conaie y de una sola persona, fue del todo o nada”, explicó Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien ha participado como principal en estas mesas de diálogo en representación del Ejecutivo.
La firma a destiempo de un acta que, después de 92 días de diálogo, no logró definir el mecanismo con el que el Gobierno focalizaría el subsidio a los combustibles, es el resultado de las diferencias que existen entre las partes a la hora de desenredar cuatro puntos críticos:
- Precio diferenciado.
Uno de ellos es el pedido de precio diferenciado para las grandes empresas. La diligencia indígena solicitaba que las empresas camaroneras, atuneras y termoeléctricas no reciban ningún tipo de subsidio a los combustibles. En el caso del sector camaronero, argumentaron que el 80 % de los productores que tienen hasta 75 hectáreas pueden seguir beneficiándose del precio diferenciado, pero el 20% restante que no lo haga, porque son los que mayor consumo de combustible realizan y lo que más riquezas tienen. En el caso de los atuneros, se pedía excluir a las empresas cuya flota de embarcaciones sean iguales o mayores a 200 toneladas de carga. También se pedía la exclusión del beneficio a las termoeléctricas, que tienen capital privado y cruceros transoceánicos. cupo mensual.
- Cupo mensual
Un segundo desacuerdo se radicó en el pedido de la aplicación de un cupo mensual para el sector automotor. Se solicitaba crear un mecanismo para que se determine un cupo de combustible subsidiado para vehículos livianos, diferenciando a los de uso doméstico y productivos.
- Sistema de bandas
El tercero era que se aplique un sistema de bandas para quienes no se van a beneficiar del subsidio a los combustibles. En este aspecto, se proponía que el cobro del galón de diésel, gasolina extra y ecopaís sea de acuerdo al nivel de ingresos verificados a través del pago de impuesto a la renta.
- Subsidio social
Y un último desacuerdo que frenó un mecanismo para la focalización estuvo relacionado al subsidio social y económico que pedía la dirigencia indígena. Solicitaban que los pequeños y medianos agricultores, así como pequeños pescadores, transporte comunitario y transporte fluvial para comunidades, sea de un $ 1,50 para el galón de diésel y de $ 2,10 para la gasolina extra y ecopaís. “Tiene que quedar claro que hemos realizado comisiones para que haya una política diferenciada, pero no ha ocurrido”, argumentó Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
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Leer másAñadió que la mesa técnica, debido a la falta de acuerdos entre las partes, se quedó sin tratar la situación del transporte pesado y los mecanismos para eliminar el contrabando de combustible, solucionar a largo plazo los precios diferenciados y la focalización de subsidios. Temas que, según el Gobierno, ya los están resolviendo.
Antes de finalizar las mesas de diálogo, cerró la mesa de empleo y derechos de los trabajadores. En la que no se dio paso al pedido de modificar la fórmula de cálculo para incrementar el salario básico unificado, al tomar en cuenta la inflación y el precio de la canasta básica familiar, como tampoco el pedido de incrementarlo a $ 500 en el sector privado ni aumentar, desde 2023, $ 75 a la remuneración del sector público.