Juicio político a Diana Atamaint: ¿Cuánto importan las pruebas?

Luce fuerte el caso contra Diana Atamaint en la Comisión de Fiscalización: dos de las cuatro acusaciones que conforman el juicio político tienen el respaldo de sendas sentencias del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE); en ellas se habla de vulneración de derechos de participación, ineficacia administrativa, incumplimiento del debido proceso, amenazas a la seguridad jurídica… Las pruebas de cargo fueron presentadas ayer por Jeannine Cruz y Fernando Flores (CREO), los asambleístas interpelantes, e incluyen un audio que sugiere la existencia de manejos turbios en las elecciones seccionales de Manabí. Sin embargo, más allá de la contundencia de las pruebas, los argumentos políticos para desestimar el juicio también van cobrando forma.

El audio (inédito hasta ayer) tiene que ver con el caso de Luis Loyo, a quien Atamaint confirmó en su cargo de coordinador nacional de Técnica de Procesos Electorales pese a haber sido advertida sobre sus antecedentes penales por los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto, en oficios que fueron adjuntados a la causa. Autor confeso del delito de tráfico de influencias, Loyo se encuentra preso. Jeannine Cruz presentó la grabación de un diálogo telefónico entre él y una vocal del CNE provincial de Manabí: hablan de “modificaciones en Tosagua”, “compromisos” y “negocios” con Jama, mencionan a la presidenta, pactan abstenciones en las votaciones del Consejo Electoral Provincial…

También en las elecciones de Los Ríos se dieron irregularidades, confirmadas por el TCE. Hubo “más de 800 actas con inconsistencias”, dijo Fernando Flores. Diana Atamaint y los consejeros de mayoría Esthela Acero y José Cabrera fueron multados con veinte salarios por haber declarado la validez de un acto administrativo nulo del organismo provincial, mediante el cual se privó a los movimientos políticos de su derecho de presentar reclamaciones.

La otra sentencia que compromete a la presidenta se relaciona con el caso de la abortada consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní. El CNE desatendió un informe de la Defensoría del Pueblo, que reconocía la existencia de irregularidades en el proceso de validación de firmas. Atamaint nunca respondió el pedido de los Yasunidos para que el organismo a su cargo emitiera un certificado de legitimidad democrática de la propuesta de consulta. Jeannine Cruz presentó un elocuente video. En la primera parte, aparece la presidenta declarando: “Ustedes me han visto en las calles defendiendo a mi Amazonía”. En la segunda parte, se ve al consejero Luis Verdesoto, en una sesión del CNE, pidiendo tratar el tema de los Yasunidos y a Atamaint, junto con Esthela Acero y José Cabrera, absteniéndose en la votación.

Que las pruebas luzcan contundentes no parece ser del interés de todos los miembros de la Comisión de Fiscalización. El socialcristiano Ramón Terán va tras la cabeza del consejero Enrique Pita. Que él estuvo a cargo de coordinar el proceso electoral en Los Ríos, dijo. Y el oficialista Fausto Terán, para redondear la idea y repitiendo el argumento de los correístas, preguntó por qué el juicio político se dirige solamente contra la presidenta Atamaint cuando los sancionados por el TCE son todos los consejeros de mayoría. “Usted es libre de enjuiciar a los otros si lo considera necesario”, respondió el asambleísta de CREO Luis Pachala. Terán insistió: “por lógica debería seguirse el proceso a los tres”. Aunque su compañera de bancada, Karina Arteaga, opinó que “hay muchas cosas evidentes que hemos escuchado de ustedes” (refiriéndose a los interpelantes), el oficialista se dedicó a apuntalar la tesis correísta de “el cuerpo colegiado”, con la cual se busca desestimar el juicio político sin siquiera prestar atención a las pruebas.

El proceso continuará el lunes, con la comparecencia de Néstor Marroquí, técnico informático llamado por la parte acusadora; el representante de los Yasunidos, Pablo Bermeo; y el candidato a la Prefectura de Los Ríos Joffre Mendoza.

FISCALIZACIÓN

Un sucedáneo: Esthela Acero. Aunque la responsabilidad política de las acciones de un organismo recaen sobre quien lo preside, la idea de que el CNE es un cuerpo colegiado y, por tanto, la fiscalización debe dirigirse al conjunto de sus miembros, amenaza con ahogar el juicio. Por si eso ocurre, hay quienes ya cocinan otro juicio político: contra la consejera correísta Esthela Acero.

EL DETALLE

Casi ausente. La única correísta de la Comisión, Carmen Rivadeneira, actúa como si no le importara. Llegó 5 minutos antes del final, con dos horas de retraso.