Atamaint recibe oxígeno de AP

“No vayan a decir los medios de comunicación que estamos defendiendo a Diana Atamaint”, se curó en salud el oficialista Fausto Terán. Dicho lo cual, se entregó sin disimulo a la tarea de defenderla. Porque los pecados de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), dio a entender, no son suyos: son de un cuerpo colegiado. Los correístas, autores de ese argumento exculpatorio, ya ni siquiera necesitan asistir a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea (Carmen Rivadeneira, su única representante ahí, empezó llegando con dos horas de retraso a las sesiones y ayer, finalmente, faltó). Ahora son los oficialistas (Fausto Terán, Alberto Arias), con el aparente y tibio apoyo de Eliseo Azuero, quienes cuestionan el juicio político.

Ayer fue día de comparecencias para los testigos de la parte acusadora. Los interpelantes Jeannine Cruz y Fernando Flores, de CREO, llamaron a Néstor Marroquín, experto informático, y Pedro Bermeo, representante de los Yasunidos. El primero de ellos habló sobre la ausencia de auditoría de las organizaciones políticas en las seccionales del año pasado, debido a la falta de convocatoria de la presidenta del CNE. Sin vigilancia de los partidos y movimientos, todo el proceso electoral, desde la actualización de los registros hasta la publicación de los resultados, pasando por la inscripción de candidaturas, la impresión y distribución de material, la conformación de las juntas receptoras del voto y la realización de escrutinios, todo, quedó bajo sospecha.

Marroquín, que fue auditor electoral en 2017 por parte de las organizaciones políticas, puso un ejemplo: se incumplió la obligación legal de depurar diariamente el padrón electoral y se desacató las disposiciones de los jueces de garantías penales que ordenaban restituir el derecho de participación a 143 ciudadanos y conculcárselo a otros 224. Esos errores, que la auditoría de las organizaciones políticas pudo evitar, “no han sido corregidos hasta el día de hoy”, dijo Marroquín. Y entregó documentos que lo prueban.

Pedro Bermeo presentó nuevos detalles sobre el tema de la abortada consulta popular propuesta por los Yasunidos. Varias instituciones del Estado, incluidas la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo y el propio CNE transitorio del que Atamaint fue vicepresidenta, reconocen que la descalificación, por cuestiones de forma, del 60 por ciento de las firmas recogidas en respaldo de la consulta, fue ilegítima y fraudulenta. Sin embargo, una vez en la presidencia del organismo electoral, Atamaint cambió súbitamente de opinión, según Bermeo. Y terminó legitimando ese fraude.

Él y su asesor legal, Francisco Bustamante, pusieron sobre el tapete lo que consideran dos barbaridades jurídicas del proceso. Primero: la afirmación de que “el CNE no puede reparar derechos” (única respuesta del organismo que recibieron durante seis meses). Segundo: la decisión (de noviembre pasado) de negar la legitimidad democrática de la consulta con el argumento de que Julio César Trujillo, que en 2014 fue el abogado que firmó la petición, había muerto. “Así estuviéramos muertos todos la consulta tendría que darse -protestó Bermeo- porque es de los firmantes”.

“Usted dice que fue la voluntad de Diana Atamaint, pero por lo que aquí se escucha fue una decisión del Pleno”, salió al paso el oficialista Fausto Terán. “Se trata de un organismo colegiado”, dijo cada vez que tuvo el uso de la palabra. “Comparto lo que dice Fausto”, apoyó Alberto Arias. Y Eliseo Azuero, que asistió a buena parte de la sesión de pie, caminando entre su silla y el fondo de la sala, ocupado constantemente en su teléfono: “Quiero sumarme a lo expresado por Fausto”. El interpelante Fernando Flores se multiplicaba por tres para explicar que la decisión de incluir un tema o no en el orden del día es de la presidenta; que la decisión de convocar o no a las organizaciones políticas para que auditen las elecciones es de la presidenta; que la decisión de responder o no un pedido de legitimidad democrática presentado por los proponentes de una consulta popular es de la presidenta… Pero ni bien lo decía, volvía Terán sobre lo mismo. Si continúa el diálogo de sordos, Atamaint será salvada... Por el oficialismo.