Diego Moscoso, de pasado correísta, fue la pieza clave en la liberación de Jorge Glas

A varios habitantes de Manglaralto y de comunas cercanas, como Olón, en Santa Elena, les sorprende la velocidad con la que el juez Diego Javier Moscoso Cedeño despachó el recurso de habeas corpus que presentó una persona a favor del exvicepresidente Jorge Glas, la noche del sábado pasado, a más de 250 kilómetros de distancia de la cárcel de Latacunga, penal donde el exfuncionario de Rafael Correa cumplía tres sentencias (dos con pena ejecutoriada y una en apelación).

“Eso queremos todos, que la justicia se mueva de esa forma para todos los ciudadanos por igual, pero sabemos que en Ecuador eso es pedir bastante”, dice un vecino de Manglaralto quien prefiere no exponer su identidad.

José Reyes, dirigente de Olón, cuestiona que ha habido casos en que ese trato diligente ha sido esquivo, sobre todo, en procesos que han tenido que sortear para defender las tierras ancestrales ante supuestas apropiaciones ilegales de empresas o terratenientes.

“Hemos sentido que en algún momento falta profesionalismo, aplicación de ley o justicia para las comunidades. En muchas ocasiones no nos hemos sentido respaldados por las autoridades, dando fallos a favor de personas extrañas a las comunas”, afirma el dirigente santaelenense.

Moscoso Cedeño, cedulado en Azuay y de 34 años, ejerce la función de juez de primer nivel desde hace unos seis años en Santa Elena, según registros de la Contraloría. En el listado de declaraciones patrimoniales juradas también hay otros reportes que detallan más cargos públicos.

En 2016, por ejemplo, Moscoso registra su paso por la Asamblea Nacional, como asesor de la asambleísta Liliana Guzmán, del movimiento Alianza PAIS, cuando Correa y Glas dirigían el país y esa tienda política.

En 2017, el abogado y magíster en Derecho Civil recibió el cargo de subsecretario de Rehabilitación Social, en el Ministerio de Justicia. En ese mismo año registró otros cargos: asesor 3 y asesor 2 en esa misma cartera de Estado, y servidor municipal 13 en el Municipio de Quito. Según la Contraloría, también tuvo el cargo de asesor 1.

En ese último reporte, que lo llena la persona que ingresa o sale de la institución, Moscoso detalla que tenía $ 62 mil de activos: $ 827 en cuentas de ahorros, $ 12 mil por un carro, $ 34 mil entre equipos de oficina y menaje de casa y $ 16 mil en un terreno en Azuay. Esos $ 62 mil menos $ 10.949 de pasivos dejaban un patrimonio de $ 51.877.

En los dos reportes más recientes colgados en el sitio de la Contraloría, que aluden al 2020, en cambio aparece un nuevo predio, de $ 90 mil, adquirido en octubre de 2018, monto que sumado con los valores de los otros bienes asciende a casi $ 156 mil. En ese año también se enlista un préstamo hipotecario entre los pasivos, de unos $ 30 mil. El patrimonio del judicial se calculaba en $ 105 mil.

Diario Expreso intentó comunicarse con Moscoso, pero no fue posible. Se le escribió al número telefónico y correo electrónico personales, se dejó una nota de voz y se llamó al teléfono que registra su oficina, según los datos públicos.

En los documentos de la Función Judicial, en cambio, consta un proceso de recusación en su contra en 2020, que no prosperó, y otra causa relacionada con alimentos. En la última actuación, que data del 7 de abril pasado, una jueza fija la pensión en $ 231.

El 6 de abril pasado, el juez Moscoso presentó una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura (CJ) y la Procuraduría General del Estado, para blindar su cargo ante un pedido de suspensión que envió días atrás la coordinación provincial de control disciplinario de Santa Elena del CJ al presidente del Consejo, Fausto Murillo Fierro, y a los tres vocales: Xavier Muñoz, Juan José Morillo y Maribel Barreno. Se desconoce si hay una resolución de parte de este organismo de control.