El discurso de asambleístas de ADN contra el tráfico de combustible es de momentos
El oficialismo deja en visto las preguntas sobre la publicación de EXPRESO. La Fiscalía investiga una nueva presunta red
“Hemos constituido el Frente Parlamentario en Contra del Tráfico Ilegal de Combustible”. Así, el 16 de julio pasado, la asambleísta Lucía Jaramillo, antes socialcristiana, ahora del oficialismo, abanderaba esa tarea después de que el Gobierno reveló una supuesta red de contrabando de combustible en la que se señaló al negocio familiar del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos.
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Su ahora correligionaria, Inés Alarcón, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), y presidenta de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, también anunciaba el 5 de septiembre anterior la intención de convocar nuevamente a los miembros de esta mesa legislativa para abordar el “delicado y sensible tema” del tráfico de combustibles.
¿El discurso de las asambleístas bajó de tono o cambió?
EXPRESO buscó a las asambleístas oficialistas para conocer si están al tanto de las recientes publicaciones de EXPRESO sobre una nueva presunta red de tráfico de combustible, similar a la del caso Triple A -en la que se involucra al negocio familiar del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos-, pero las legisladoras no atendieron llamadas ni mensajes, a diferencia de otros colegiados. Tampoco contestó la asesora de Jaramillo.
En la publicación “Investigan una presunta red de tráfico de combustibles, similar al caso Triple A”, la Fiscalía tiene en su radar a 19 empresas y a 36 ciudadanos, entre estos, empresarios y exfuncionarios de Petroecuador.
Ramiro Vela, quien se desvinculó de ADN hace poco, dijo que este tipo de temas deben trascender a nivel nacional. “Porque la gente ha hecho esto (de confirmarse) se ha aprovechado del Estado, de los ciudadanos, porque al vender combustible que estaba subsidiado, le ha robado al ciudadano. Robar combustible subsidiado para hacerse millonario, no solamente es un delito, es un crimen”, comentó el legislador, quien sostiene que el dinero que se diluye en tramas de corrupción deja de llegar a programas sociales u obras como hospitales.
También se debe fiscalizar a los 'amigos' y no solo a los enemigos
En esa misma línea, Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, refiere que, sea quien sea, debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley.
“No puede ser que en el país, tras que pagamos un subsidio todos los ecuatorianos mantengamos estas mafias enquistadas en las entidades públicas y privadas, que ayudan, coadyuvan y fortalecen las estructuras criminales”, señala el asambleísta.
EXPRESO intentó obtener una reacción de otras bancadas, como de la Revolución Ciudadana, a través de su asambleísta, Leonardo Berrezueta; y del Partido Social Cristiano, con Jorge Acaiturri. Siguen pendientes sus respuestas.
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